La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un duro informe tras la reciente visita a Venezuela de la alta comisionada Michelle Bachelet en el que dibuja un lamentable estado de los derechos ciudadanos sistemáticamente cercenados por el Estado venezolano en su estrategia de controlar el poder.
En el documento se enumera cómo los venezolanos padecen una vulneración sistemática de sus derechos en los ámbitos de salud, economía, seguridad, alimentación, política, libertad de expresión, en gran medida por la estrategia del gobierno de Nicolás Maduro “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno».PUBLICIDAD
Al presentarlo este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, Bachelet subrayó que «los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios».
«El destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política», destacó Bachelet en su discurso de presentación del documento.
Uno de los principales señalamientos es que las fuerzas de seguridad de ese país usan “escuadrones de la muerte” contra jóvenes en zonas pobres, realizan ejecuciones extrajudiciales y luego manipulan los hechos para que parezca que las víctimas fatales resistieron al arresto.
El informe advierte que «si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país», que supera ya los cuatro millones de personas, según datos del mismo organismo multilateral.
Para recopilar el informe, la comisión realizó 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Estos son los puntos más importantes del informe:
Salario mínimo insuficiente
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Eva Marie Uzcategui/Getty Images
Pese a que el gobierno ha decretado varios aumentos al salario mínimo, el poder adquisitivo de los venezolanos ha disminuido hasta el grado que los ingresos mensuales de una familia son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. En abril de 2019, el salario mínimo, que ascendía al equivalente de unos siete dólares estadounidenses al mes, cubría únicamente el 4.7 % de la canasta básica de alimentos. Personas entrevistadas por ACNUDH señalaron que ese dinero solo les alcanza para adquirir aproximadamente cuatro días de comida por mes.
Solo una o dos comidas al día
Eva Marie Uzcategui/Getty Images
Personas entrevistadas por ACNUDH denunciaron la falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios elevados. La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces, al día y que consumían pocas proteínas o vitaminas.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reportó que 3.7 millones de venezolanos se encuentran en estado de desnutrición, particularmente los niños y mujeres embarazadas. Además, fuentes locales reportaron algunos casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo.
ACNUDH refirió también que el principal programa de asistencia alimentaria, conocido como “cajas CLAP”, no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la gente.
Muertes por falta de medicinas y doctores
Carlos Becerra/Getty Images
Según la última Encuesta Nacional de Hospitales publicada entre noviembre 2018 y febrero 2019, alrededor de 1,557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales. Un mes después, en marzo de 2019, 40 pacientes murieron tras una serie de cortes de suministro eléctrico en todo el país.
El informe señala que existen carencias del 60 al 100 por ciento de fármacos esenciales en cuatro de las principales ciudades. Además, enfermedades que anteriormente estaban controladas, erradicadas o eran controlables con vacunas, han reaparecido.
Por su parte, existen altos índices de éxodo de personal médico y las familias de los pacientes tienen que suministrar todos los productos de primera necesidad.
Control político y social
Eva Marie Uzcategui/Getty Images
De acuerdo con el informe, la lista de personas beneficiarias de estos programas es manejada por las estructuras locales del partido oficial, en vez de por las instituciones gubernamentales. Además, las personas entrevistadas reportaron que los integrantes de estas estructuras locales monitorean la actividad política de las personas beneficiarias.
El ACNUDH recibió información de personas quienes, a pesar de no contar con acceso suficiente a alimentos, no fueron incluidas en las listas de distribución de las cajas CLAP porque no eran partidarias del Gobierno.
“Escuadrones de la muerte”
Policía Nacional Bolivariana / Instagram
El ACNUDH documentó casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad en vecindarios pobres. Las personas entrevistadas señalaron de manera constante a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) como un “escuadrón de la muerte” y, según informes de ONGs, son responsables de centenares de muertes violentas.
El ACNUDH entrevistó a los familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES de junio de 2018 a abril de 2019. Todos describieron un modus operandi similar y aseguran que manipularon la escena del crimen y las pruebas, pues habrían plantado armas y drogas, y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento.
Las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de seguridad como “resistencia a la autoridad”. El número de estas muertes es inusualmente alto. En 2018, el Gobierno registró 5,287 muertes violentas en esa categoría, en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7,523 muertes violentas de esa categoría . Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el Gobierno notificó 1,569 muertes violentas por «resistencia a la autoridad”.
Fuerzas de seguridad contra los propios ciudadanos
AP Photo/Dieu Nalio Chery
El informe detalla que los distintos cuerpos de seguridad que existen en el país han sido responsables de violentar los derechos de los propios venezolanos. Como ejemplo, La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, las Fuerzas de Acciones Especiales y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC. Por su parte, los servicios de inteligencia han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores políticos y de sus familiares.
Sin embargo, las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales.
Detenciones arbitrarias ante cualquier tipo de oposición
AP Photo/Rodrigo Abd
El ACNUDH documentó un número creciente de detenciones arbitrarias de familiares de opositores políticos, particularmente de mujeres, de presuntos opositores políticos. Según lo que relataron, sin tener acceso a abogados, son interrogadas sobre el paradero de sus familiares y, en algunos casos, son maltratadas y torturadas. Además, las mujeres son sometidas a violencia sexual y de género y humillación. Familiares también son víctimas de amenazas de muerte, vigilancia, intimidación y hostigamiento.
Pero las detenciones no solo son contra opositores políticos, pues en 2018 y 2019, se despidió y detuvo arbitrariamente a varios dirigentes sindicales y trabajadores que habían protestado en demanda de salarios y condiciones de trabajo decentes. Las mujeres, en particular las defensoras de derechos humanos, enfermeras, profesoras y funcionarias públicas, han sufrido ataques en función de su género mediante comentarios sexistas, violencia de género en línea y humillaciones públicas.
80 muertes durante manifestaciones contra el gobierno
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Según el Gobierno, no hubo muertes durante las manifestaciones en 2018 y reportaron que 29 personas murieron entre enero y mayo de 2019. Sin embargo, OVCS registró 14 muertes en el contexto de manifestaciones en 2018 y el ACNUDH registró 66 muertes entre enero y mayo 2019. Muchas personas manifestantes fueron detenidas arbitrariamente, así como maltratadas o torturadas.
El informe señala que los manifestantes sufrieron detenciones arbitrarias, maltratos, torturas y allanamientos ilegales de domicilios.
Más de 15,000 detenidos por razones políticas
Carlos Becerra/Getty Images
Según la ONG Foro Penal Venezolano, por lo menos 15,045 personas fueron detenidas por motivos políticos entre enero de 2014 y mayo de 2019. De ellas, 527 fueron detenidas en 2018 y 2.091 entre enero y mayo de 2019. La mayoría de ellas fueron detenidas en el contexto de las manifestaciones.
Al 31 de mayo de 2019,793 personas seguían privadas arbitrariamente de libertad, 1,437 personas habían sido liberadas incondicionalmente, y 8,598 personas habían sido liberadas condicionalmente y afrontaban aún prolongados procesos. El resto fueron liberadas sin haber sido llevadas ante un juez.
Múltiples formas de tortura durante detenciones
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Chip Somodevilla/Getty Images
En la mayoría de las detenciones registradas se sometió a las mujeres y los hombres a una o más formas de tortura, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Las fuerzas de seguridad recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar.
ACNUDH también documentó casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención. Las mujeres entrevistadas relataron agresiones físicas tales como arrastrarlas por el pelo y tocamientos inapropiados, amenazas de violación, desnudez forzada e insultos sexistas y de género, con la finalidad de humillarlas y castigarlas.
Sin acceso a la justicia
Matias Delacroix/Getty Images
La mayoría de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos señaladas en el presente informe no han tenido un acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada. Según las personas entrevistadas para el informe, pocas presentan denuncias por miedo a represalias y por falta de confianza en el sistema de justicia. Cuando lo hacen, las autoridades no investigan o no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes.
Detenciones arbitrarias de periodistas
Rafael Briceno/Getty Images
Durante las visitas que realizó el ACNUDH, documentó varios casos de detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales. Durante 2018 y hasta marzo de 2019 aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de periodistas extranjeros quienes fueron expulsados o dejaron el país inmediatamente después de su liberación. En ese periodo, también se documentó el cierre de docenas de medios impresos, el Gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión.
Internet y las redes sociales se han convertido en los principales medios de comunicación e información de la población, pero la velocidad con la que se puede navegar en el país está disminuyendo paulatinamente por la falta de inversión en infraestructura.
Desplazamiento de indígenas de sus tierras
Victor Moriyama/Getty Images
De acuerdo con el informe, los pueblos indígenas han perdido el control de sus tierras debido a la militarización por parte de los agentes del Estado.
Por su parte, el cierre de las fronteras de Venezuela tuvo consecuencias graves en los grupos indígenas cuyos territorios tradicionales se extienden a ambos lados de la frontera. En febrero de 2019, se produjeron incidentes violentos en el contexto de la posible entrada de ayuda desde Brasil.
El ACNUDH documentó siete muertes de pueblos indígenas en circunstancias violentas en 2019.
Migración y extorsión oficial
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Las personas migrantes que dejan el territorio venezolano o que vuelven a él son muchas veces víctimas de extorsión y requisas, especialmente a manos de la Guardia Nacional Bolivariana. Además, los cierres de las fronteras y requisitos adicionales para para viajar a los países de tránsito y destino obligan a las personas migrantes a utilizar puntos de cruce no oficiales y aumentan el riesgo de que sean víctimas de abusos.
El número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil.
Sin anticonceptivos ni condones
Joe Raedle/Getty Images
El informe señala que existe una falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos, por lo que ha aumentado el riesgo de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, así como la tasa de embarazos no deseados y de embarazos en adolescentes. Aunado a ello, ante una legislación que prohíbe los abortos, a menudo las mujeres recurren a prácticas riesgosas que han contribuido a un aumento en la mortalidad materna evitable.
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