El fiscal general de EE.UU., William Barr, presentó cargos formales de narcoterrorismo, tráfico de armas, lavado de dinero y corrupción contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Las acusaciones también están dirigidas contra 13 altos funcionarios de Venezuela, como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el titular de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; y el ministro de Industria y Producción, Tareck El Aissami.
En la lista también constan el general (retirado) Hugo Carvajal Barrios, exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela (DGCIM); y Clíver Alcalá Cordones, General Mayor (retirado) del Ejército de Venezuela.
A la par de estas acusaciones, el Departamento de Estado difundió un comunicado del secretario de Estado, Mike Pompeo, en el que se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve al arresto o procesamiento de Maduro; mientras que dan 10 millones de dólares por Alcalá, Cabello, Carvajal y El Aissami.
Estos montos se ofrecen bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado, que ha pagado más de 130 millones de dólares en retribución por información sobre unos 75 narcotraficantes desde que se creó en 1986.
Es inusual la presentación de cargos formales contra un mandatario, el precedente más reciente fue cuando acusaron, en 1988, al general panameño Manuel Noriega por cargos de narcotráfico — que no era jefe de Estado, pero manejaba el poder desde la Comandancia de las Fuerzas Armadas—; sin embargo, al ser consultado, Barr señaló que EE.UU. «no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela».
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