El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha dictado este viernes nuevas y drásticas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, en el marco de la investigación por su supuesta implicación en un plan para anular los resultados de las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.
Las restricciones, impuestas por el magistrado Alexandre de Moraes, buscan prevenir una posible fuga y evitar la obstrucción de la justicia.
Entre las medidas más destacadas se incluye el uso obligatorio de una tobillera electrónica y la prohibición de utilizar redes sociales. Además, Bolsonaro, deberá cumplir arresto domiciliario nocturno de lunes a viernes y permanecer en su residencia durante todo el día los fines de semana y feriados.
El exmandatario también tiene restricciones de movimiento y comunicación, prohibiéndosele acercarse o establecer contacto con embajadas, consulados o diplomáticos, debiendo mantener una distancia mínima de 200 metros. Tampoco podrá comunicarse con otros investigados o autoridades extranjeras.
Estas acciones judiciales se producen tras nuevos allanamientos realizados por la Policía Federal en propiedades vinculadas a Bolsonaro, incluyendo su domicilio en Brasilia y la sede del Partido Liberal (PL), del cual es líder. Durante los operativos, se incautaron teléfonos móviles, computadoras, dinero en efectivo y diversos documentos.
La Procuraduría General de la República justificó las medidas alegando la “posibilidad concreta” de fuga por parte del exmandatario y denunció maniobras para entorpecer el avance del proceso penal.
En el ámbito internacional, el presidente estadounidense Donald Trump manifestó su apoyo a Bolsonaro, calificando el juicio en su contra como una “caza de brujas” y ordenando un incremento del 50% en los aranceles a las importaciones brasileñas. El juez Moraes denunció una supuesta coordinación entre Bolsonaro, su hijo Eduardo, y funcionarios del Gobierno de EE. UU. para presionar al STF mediante sanciones externas.
Bolsonaro, enfrenta graves cargos, que incluyen intento de golpe de Estado y ataque violento al orden democrático, por los cuales podría ser condenado hasta a 40 años de prisión.
Tras la colocación de la tobillera electrónica, el expresidente negó tener intención de salir del país. «Me siento humillado, ni siquiera puedo hablar con mi hijo Eduardo. Es humillante», expresó. Su equipo legal calificó las medidas como excesivas y aseguró que Bolsonaro, siempre ha respetado las órdenes del Poder Judicial.
Con información de agencias
