Más de 800 presos colombianos han sido deportados a su país a través del paso fronterizo de la provincia ecuatoriana de Carchi, según informaron las autoridades locales este sábado.
La acción ha provocado una fuerte protesta diplomática por parte de Colombia, que la califica de «unilateral» e «incumplimiento» del derecho internacional.
La gobernadora de Carchi, Diana Pozo, declaró a la prensa en el puente fronterizo de Rumichaca que «hemos realizado un trabajo interinstitucional con Migración de Colombia y Ecuador para que este proceso de deportación sea ágil y no haya un colapso en el puente». Sin embargo, las autoridades colombianas niegan haber sido notificadas. Juan Morales, secretario de Gobierno del municipio colombiano de Ipiales, lamentó que «al no informársenos, no teníamos un plan de contingencia» para recibirlos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, emitió un comunicado indicando que Quito, inició la deportación «desatendiendo las respetuosas y reiteradas» solicitudes para establecer un protocolo previo, calificando la medida como un «gesto inamistoso».
Por su parte, la cancillería ecuatoriana, afirmó este sábado en un comunicado que las deportaciones fueron anunciadas a Bogotá desde el 8 de julio y que se realizan con «respeto a los derechos humanos» y tras una revisión individual de cada caso. Ecuador criticó «la afirmación de una supuesta deportación colectiva».
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, había expresado en 2024 su intención de deportar a reos colombianos para descongestionar las prisiones de su país. En abril de este año, pequeños grupos de reclusos comenzaron a ser trasladados a la frontera.
Con información de agencias
