El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este sábado que funcionarios del Gobierno de Estados Unidos “han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales”, tras confirmarse la muerte de Alejandro Carranza, un pescador colombiano abatido por un bombardeo ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
El mandatario colombiano pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar el ataque a una lancha, presuntamente colombiana, que fue impactada el pasado 15 de septiembre en aguas del Caribe, en el contexto de un operativo militar antidrogas calificado como ilegal por varios gobiernos de la región.
El presidente Petro, afirmó que la embarcación “era colombiano y estaba en aguas del país” y que a bordo se encontraba “un pescador de toda la vida: Alejandro Carranza”, quien se presume murió en el hecho.
El jefe de Estado alertó a la Fiscalía y pidió “actuar de inmediato”, otorgar protección a los familiares de la víctima y, si lo desean, asociarlos a las víctimas de Trinidad y Tobago para iniciar acciones judiciales internacionales.
Petro, detalló que la lancha atacada por fuerzas estadounidenses se encontraba a la deriva, con señales de avería, y que Carranza no tenía vínculos con el narcotráfico. “Su actividad diaria era pescar”, escribió el mandatario en la red social X, exigiendo explicaciones formales a Washington por lo que calificó como “un grave delito de asesinato”.
La Radio y Televisión Nacional de Colombia confirmó la nacionalidad de la embarcación y que la agresión se produjo en aguas jurisdiccionales del país.
Contexto del operativo militar en el Caribe
La denuncia se produce en medio de una ofensiva militar desplegada por Estados Unidos desde agosto en el Caribe, presentada como un operativo contra el narcotráfico. El despliegue incluye ocho buques de guerra, 10.000 marines, 1.200 misiles y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas.
El presidente Trump, ha ordenado ataques contra al menos seis lanchas y un supuesto narcosubmarino, con un saldo de 27 muertos. La muerte de Carranza ha intensificado las críticas de varios gobiernos y organismos de la región, que consideran el operativo una violación flagrante del derecho internacional y de los protocolos humanitarios.
Con información de agencias
