Río de Janeiro amaneció bajo una tensa calma, tras el megaoperativo policial denominado «Operación Contención», que se ha saldado con un balance de al menos 64 muertos y 81 detenidos en enfrentamientos directos contra el Comando Vermelho (CV), la facción criminal más grande del estado.
La cifra de fallecidos convierte a esta acción en una de las más mortales jamás registradas en el estado de Río de Janeiro.
Desarrollo del operativo
El despliegue comenzó antes del amanecer, involucrando a más de 2.500 agentes de diversas fuerzas, incluyendo la Policía Militar, la Policía Civil y unidades de élite. El objetivo principal fue desarticular la estructura de comando y logística del CV en el Complexo da Penha y otras favelas adyacentes, buscando frenar la expansión territorial del narcotráfico.
La operación se centró en la neutralización de presuntos cabecillas y la incautación de armamento de guerra. Fuentes policiales indicaron que los agentes fueron recibidos con disparos de fusiles, lo que escaló rápidamente la confrontación. Además de los 64 fallecidos y 81 detenidos, se reportó la incautación de gran cantidad de municiones y drogas.
El impacto en la vida civil fue severo. La asamblea legislativa del estado reportó que «más de 200.000 residentes siguen afectados por escuelas cerradas, rutas de autobuses desviadas y unidades de salud con servicios suspendidos», paralizando de facto barrios enteros.
Gobernador defiende la acción y solicita apoyo federal
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, defendió firmemente la necesidad del operativo y solicitó formalmente el apoyo de las Fuerzas Armadas federales. Castro calificó la situación como una «guerra» que trasciende la seguridad urbana.
«Esta es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana, es el Estado buscando enfrentar el avance del crimen organizado que ataca nuestras comunidades. Los batallones están en estado de atención y alerta ante posibles represalias,» declaró el gobernador Castro.
Críticas de organizaciones de Derechos Humanos
El elevado saldo de 64 muertos ha reavivado las críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. Estas entidades argumentan que la alta letalidad de las incursiones policiales en las favelas tiene una baja eficacia a largo plazo contra las organizaciones criminales.
Las organizaciones señalan que este tipo de operativos, además de no frenar el crimen organizado de manera duradera, disparan el número de víctimas y generan un clima de terror entre la población civil que queda atrapada en el fuego cruzado.
Con información de agencias
