La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el cierre de su oficina de cooperación instalada en Caracas en 2024, alegando la falta de “progreso real” por parte de Venezuela en el cumplimiento del principio de complementariedad, que exige al país investigar seriamente los crímenes de lesa humanidad de los que se le acusa.
El anuncio fue realizado por el fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, durante su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI. Niang señaló que, a pesar del “compromiso sostenido” con las autoridades venezolanas, la conclusión fue que el “progreso real sigue siendo un reto”.
“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas,” afirmó Niang.
Investigación activa desde La Haya
El fiscal adjunto subrayó que, si bien la oficina de cooperación cierra, la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela “permanece activa” y continuará siendo dirigida por un equipo de fiscales desde la sede de la CPI en La Haya.
Este cierre marca un punto de inflexión en la relación entre la CPI y Caracas, que ha mantenido un diálogo constante en torno a la responsabilidad penal por las acusaciones de violaciones de derechos humanos. Venezuela siempre ha rechazado la investigación, insistiendo en que debe respetarse el principio de complementariedad, por el cual la CPI solo interviene si el Estado afectado no está dispuesto o no puede llevar a cabo las investigaciones por sí mismo.
Tensión con Argentina en la asamblea
La jornada inaugural de la Asamblea de Estados Parte también estuvo marcada por un tenso enfrentamiento entre los delegados de Venezuela y Argentina.
El representante de Argentina, Diego Emilio Sadofschi, exigió una actuación “inmediata” de la CPI ante el “deterioro” de la situación venezolana, citando las “elecciones fraudulentas de julio de 2024” como un agravante.
Sadofschi lamentó la falta de avances desde que la Fiscalía abrió formalmente la investigación en 2021 y advirtió: “Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes de lesa humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas, pero expeditivas, incluyendo órdenes de arresto contra los principales responsables”.
En una respuesta inmediata, el embajador venezolano, Héctor Constant Rosales, acusó al Gobierno de Javier Milei de “politizar” la conferencia de “forma altisonante” para atacar “de manera inoportuna” la legitimidad del Ejecutivo venezolano, erigiéndose en un “falso defensor de derechos humanos”.
Con información de agencias
