El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denunció este sábado lo que calificó como el «robo y secuestro» de un segundo buque petrolero privado frente a sus costas, señalando directamente a efectivos militares de los Estados Unidos como responsables de la operación.
A través de un comunicado oficial difundido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Caracas rechazó categóricamente esta acción, que incluyó la desaparición forzada de la tripulación de la embarcación en aguas internacionales. El texto oficial describe el suceso como un «grave hecho de piratería» que vulnera flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar.
Escalada de agresiones militares
Este incidente se suma a una serie de acciones por parte de Washington que Venezuela ha denunciado como una violación a su soberanía:
Despliegue militar: Desde agosto, EE.UU. mantiene una fuerza significativa en el Caribe bajo la operación «Lanza del Sur», justificada como lucha antidrogas.
Operativos letales: Se han reportado bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico con un saldo de decenas de muertos, sin que se hayan presentado pruebas de vínculos con el narcotráfico.
Hostigamiento político: Washington mantiene acusaciones contra el mandatario venezolano, elevando recompensas por su captura sin presentar evidencias judiciales sólidas.
Falta de sustento técnico
El gobierno venezolano destacó la contradicción en los argumentos estadounidenses. Citando informes de la ONU y la propia DEA, Caracas subrayó que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia EE.UU., dado que más del 80% de la droga que ingresa a ese país utiliza rutas del Pacífico, lejos del territorio venezolano.
»El objetivo real de EE.UU. es un ‘cambio de régimen’ para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela», denunció el presidente Nicolás Maduro.
Rechazo internacional
La comunidad internacional ha comenzado a reaccionar ante estos eventos. Gobiernos de la región como Colombia, México y Brasil, junto a Rusia y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, han expresado su condena. Expertos legales han calificado los ataques a embarcaciones civiles como «ejecuciones sumarias» que rompen los principios básicos del derecho internacional y las relaciones de amistad entre Estados.
Con información de agencias
