Adem\u00e1s, forma parte de las acusaciones hechas contra Nicol\u00e1s Maduro y funcionarios de su gobierno por presuntos cr\u00edmenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, cuya Fiscal\u00eda ya ha avanzado en una investigaci\u00f3n.<\/p>\n
El Tribunal 12 de juicio del \u00c1rea Metropolitana de Caracas conden\u00f3 a 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n a los funcionarios de la\u00a0Direcci\u00f3n General de Contrainteligencia Militar<\/strong>\u00a0(Dgcim), Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zarate Soto, por la muerte del\u00a0capit\u00e1n de corbeta Rafael Acosta Ar\u00e9valo<\/strong>.<\/p>\n La informaci\u00f3n fue confirmada por el abogado Alonso Medina Roa, quien ejerce la representaci\u00f3n del capit\u00e1n y su familia. Ambos funcionarios de la Dgcim fueron hallados culpables por los delitos de homicidio calificado y torturas.<\/p>\n Rafael Acosta Ar\u00e9valo fue detenido en buenas condiciones f\u00edsicas el 21 de junio de 2019 por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dgcim por su supuesta vinculaci\u00f3n con el fallido alzamiento militar del 30 de abril de 2019.<\/p>\n Tras estar desaparecido forsozamente por varios d\u00edas, su abogado cuenta que al llegar a tribunales militares el 29 de junio presentaba evidentes signos de tortura y muri\u00f3 en el Hospital Militar, sin siquiera haber sido presentado ante el tribunal.<\/p>\n La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunci\u00f3 ese a\u00f1o que, seg\u00fan las informaciones recibidas, el militar hab\u00eda sido torturado de tal forma que provocaron lesiones irreversibles.<\/p>\n Por el asesinato del capit\u00e1n Acosta Ar\u00e9valo no ha sido investigada o juzgada la cadena de mando a la que respond\u00edan el teniente Tarascio y el sargento Z\u00e1rate, algo que han solicitado ONG nacionales e internacionales.<\/p>\n En 2021 el tribunal orden\u00f3 el pase a juicio luego de que, en octubre de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia anul\u00f3 la acusaci\u00f3n hecha por el Ministerio P\u00fablico contra los funcionarios de la Dgcim. El TSJ aleg\u00f3 que en el proceso judicial se registraron actuaciones que atentaron contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y a los derechos de la v\u00edctima del delito.<\/p>\n Ese mismo octubre, el fiscal impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, admiti\u00f3 que se hab\u00eda realizado una nueva imputaci\u00f3n, est\u00e1 vez reconociendo la intencionalidad del homicidio y la tortura.<\/p>\n La anterior acusaci\u00f3n de \u00abhomicidio preterintencional con causal\u00bb exculpaba a los presuntos torturadores, como lo denunciaron activistas de derechos humanos e incluso un exfiscal del MP.<\/p>\n Su caso tambi\u00e9n fue denunciado por la Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n de Hechos, un mandato del Consejo de DDHH de la ONU sobre Venezuela.<\/p>\n