El gobernador de Puerto Rico<\/b>, Ricardo Rosell\u00f3, anunci\u00f3 este mi\u00e9rcoles su intenci\u00f3n de solicitar el amparo de la Ley de<\/b> Bancarrota <\/b>a la isla caribe\u00f1a, luego que transcurrieran dos d\u00edas desde la fecha l\u00edmite de pago de la deuda de 73 mil millones de d\u00f3lares que mantiene.<\/p>\n
El estado libre asociado de los Estados Unidos pidi\u00f3 a la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal, un \u00f3rgano superior al Ejecutivo regional controlado desde Washington D.C., que permita a Puerto Rico acogerse a la Ley de Bancarrota<\/b>, un hecho in\u00e9dito en la historia de la isla.<\/p>\n
El gobernador Rosell\u00f3 adelant\u00f3, con cinco meses en el cargo, la petici\u00f3n ya anunciada por su predecesor al no poder concretar reestructuraciones de la deuda con algunos acreedores, quienes presentaron una demanda en tribunales norteamericanos.<\/p>\n
Aunque Puerto Rico<\/b> no goza de los mismos derechos que un estado pleno de los EEUU, la isla puede optar por lo establecido en la Ley para la Supervisi\u00f3n, Administraci\u00f3n y Estabilidad Econ\u00f3mica de Puerto Rico (Promesa), aprobada el a\u00f1o pasado para crear la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal.<\/p>\n
La solicitud presentada no es una declaraci\u00f3n formal de bancarrota<\/b>, pero supone la intervenci\u00f3n de un tribunal para la restructuraci\u00f3n de la deuda, que establecer\u00e1 los montos y fechas de pago de la misma, lo que representa un alivio econ\u00f3mico para la isla, pero un peso para futuros acuerdos econ\u00f3micos.<\/p>\n
Puerto Rico<\/b> se mantiene en recesi\u00f3n desde 2006, a\u00f1o en el que la econom\u00eda local se hundi\u00f3 tras sucesivos gobiernos regionales que solicitaron pr\u00e9stamos y emitieron deuda p\u00fablica tras la eliminaci\u00f3n de los beneficios fiscales que EEUU otorgaba.<\/p>\n