El dirigente del partido Voluntad Popular en Carabobo, Salvatore Lucchese, exigió este martes a la Fiscalía General de la República, hacer una investigación seria e imparcial sobre las acusaciones que el día lunes aparecieron en medios internacionales, en las cuales se vincula al actual vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, de presuntamente facilitar el tráfico de drogas en el país hacia el extranjero y de proteger a narcotraficantes.
Nota de prensa
Lucchese, recordó que no es la primera vez que este tipo de señalamientos se hacen sobre personalidades venezolanas, haciendo referencia a que familiares de la primera dama de la República fueron capturados en una operación de tráfico de drogas.
“Ya la vinculación de personalidades del alto gobierno con el narcotráfico no es nueva y debe llamar nuestra atención, pues se trata de sectores del gobierno, tanto civiles como militares, que utilizan la plataforma del Estado venezolano para hacer de nuestro país un puente de tráfico de drogas hacia el mundo. En una oportunidad fue el uso de una rampa del aeropuerto de Maiquetía desde donde salió un cargamento hacia Francia, luego apareció el caso de los narcosobrinos, ahora sale a la luz una acusación en contra del mismo Vicepresidente de la República”.
El dirigente de Voluntad Popular cree que con todas esas acusaciones sería inmoral para la oposición sentarse en una mesa de negociación con personas cuya reputación en el mundo se encuentra bajo sospecha por tráfico de drogas y por apoyo al terrorismo, tal como se evidenció con las denuncias hechas por un ex consejero legal de la embajada de Venezuela en Irak entre 2013 y 2015, según las cuales se habían vendido pasaportes a individuos del medio oriente relacionados al terrorismo islámico.
“La oposición no puede sentarse en una mesa de diálogo con representantes de los intereses de un narcoestado terrorista. Eso sería una inmoralidad. La cúpula del gobierno, además de que saqueó los recursos de la nación, ha venido usando sus posiciones de poder para tejer una compleja estructura delictiva que poco a poco comienza a desmoronarse. Ahora entendemos por qué razón no quieren entregar el poder, pues mucho de ellos terminarían encerrados en una cárcel por delitos que la justicia internacional no pasará por alto”.
Con información de: Lapatilla.com
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