Fujimori apura sus opciones de lograr libertad por vía judicial

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La abogada de Fujimori, Liza Ramos Dávila, aseguró en la audiencia de hoy que los argumentos de este nuevo hábeas corpus, centrado en cuestionar el delito de secuestro agravado, son distintos a los expuestos en el anterior recurso.

El encarcelado expresidente de Perú Alberto Fujimori apura nuevamente sus opciones de recuperar la libertad por la vía judicial con el hábeas corpus expuesto hoy ante el Tribunal Constitucional (TC) para anular la sentencia que en 2009 lo condenó a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos.

El Constitucional es la última instancia del sistema jurídico peruano que evaluará el recurso presentado por Keiko Fujimori, hija del expresidente y actual líder del partido Fuerza Popular, después de que fuera declarado infundado en primera y segunda instancia por los tribunales peruanos, informó Efe.

El TC ya consideró el año pasado infundado un hábeas corpus similar presentado por el anterior abogado de Fujimori, Paco Castillo, lo que dejaba a Fujimori sin mayor recorrido legal para buscar su libertad, pero su hija anunció un nuevo hábeas corpus en mayo.

La abogada de Fujimori, Liza Ramos Dávila, aseguró en la audiencia de hoy que los argumentos de este nuevo hábeas corpus, centrado en cuestionar el delito de secuestro agravado, son distintos a los expuestos en el anterior recurso.

Según la letrada, la sentencia que condenó a Fujimori vulneró tres derechos fundamentales, que son la debida motivación de las resoluciones judiciales, la prohibición de la interdicción a la arbitrariedad y el principio de imputación necesario.

Adujo que Fujimori fue condenado en base a suposiciones y sin pruebas concretas que sustenten que él ordenara el secuestro del periodista Gustavo Gorriti durante el “autogolpe” de Estado que dio el 5 de abril de 1992.

Señaló que no se le puede atribuir a Fujimori el trato cruel que afirma la sentencia porque este es responsabilidad de los ejecutores y apuntó que, además, ese trato no está reflejado en las declaraciones de las víctimas.

“No vengo a hablar aquí de la revisión de las pruebas ni de las declaraciones. Les pido que analicen la corrección del razonamiento. La sala dice que está absolutamente acreditado, pero llega a esa conclusión solo porque era presidente de la República. (…) Estamos ante una suposición”, agregó.

Por su parte, el abogado de la procuraduría pública del Poder Judicial, Marcos Pila, contradijo “en todos sus extremos” los argumentos de la defensa de Fujimori y recordó que el asunto ya fue juzgado constitucionalmente con la sentencia emitida por el mismo TC el año pasado.

Defendió que el proceso judicial que afrontó el expresidente se ajustó a la legalidad con una imputación fiscal anterior al juicio, un derecho a la defensa con todos los mecanismos legales y una condena como autor mediato (con dominio del hecho) ampliamente argumentada.

Además de por el secuestro agravado de Gorriti y del empresario Samuel Dyer en 1992, Fujimori fue condenado también como autor mediato del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) a cargo del grupo militar encubierto Colina, consideradas delitos de lesa humanidad.

A sus 79 años, el exmandatario está recluido en una prisión construida expresamente para albergarlo en una base policial de Lima, donde tiene asistencia médica permanente.

Sin embargo, periódicamente es trasladado a clínicas para ser tratado de diversos males crónicos que padece, como una hernia en la columna vertebral, hipertensión arterial, arritmia, gastritis hemorrágica y unas lesiones en la lengua, conocidas como leucoplasia, de las que fue operado hasta en seis ocasiones.

Eso le llevó junto a sus familiares a solicitar dos indultos, uno rechazado en 2013 por el expresidente Ollanta Humala y un segundo presentado el año pasado, al que desistió cuando supo que el entonces gobernante electo Pedro Pablo Kuczynski no tenía intención de otorgárselo.

 

 

 

Vía: El Universal

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