Aprobado en primera discusión proyecto de Ley de registro y antecedentes penales

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Jorge Rodríguez manifestó que el objetivo es que los ciudadanos sientan esta ley como un instrumento de defensa de sus derechos al debido proceso. Cortesía

Este jueves la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión, por mayoría calificada, el proyecto de ley de Registro y antecedentes penales, presentado por la Comisión Permanente de Política Interior.

Así lo anunció el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, tras someter a votación la referida propuesta.

Rodríguez instó a la Comisión Permanente de Política Interior a insistir en la debida consulta.

Indicó que la meta es que los ciudadanos ”sientan esta ley como un instrumento de defensa de sus derechos al debido proceso, a la celeridad, a la oportunidad, y a la discreción en el manejo de los datos correspondientes a los ciudadanos”.

”Estamos avanzando”, dijo Rodríguez, al comentar que es necesario determinar el nivel de avance que ha tenido el proceso de Revolución Judicial.

”Entiendo que hay muchos elementos que tienen que trabajarse y corregirse, pero enfaticemos en el avance”.

No genera impacto económico

La diputada Rosa León, presentadora del proyecto, dijo que la implementación de la norma no genera impacto económico.

Explicó que esto es así porque el proyecto ley forma parte del nuevo modelo y nuevo paradigma de la revolución del sistema de justicia.

También manifestó que el proyecto de ley garantiza la simplificación de los actos administrativos, lo que redundará en una mejor y más justa aplicación de la justicia.

Asimismo, dijo que la reforma se adecúa a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, pues prevé la igualdad de género, el derecho a la confidencialidad y el acceso a la información, entre otros aspectos.

Celeridad de trámites

El parlamentario Martín López Ríos, por su parte, sugirió incorporar a la propuesta darle celeridad a la entrega de los antecedentes penales.

Considera que esto ayudaría a la simplificación de los actos administrativos y se presta para acabar con la corrupción, bandera de lucha de la Revolución Judicial.

UN

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