Este viernes, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por ser “presunto responsable” de la deportación de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, reseñan agencias.
La CPI también emitió otra orden de arresto, con la misma acusación, contra María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia.
Inmediatamente, el Kremlin se pronunció y calificó de “nula y sin efecto” la sentencia de la CPI.
Asimismo, la Cancillería rusa indicó que la decisión es irrelevante para Rusia, incluso desde el punto de vista jurídico.
“Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ninguna importancia para nuestro país, ni siquiera desde el punto de vista jurídico”, señaló la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, señala Sputnik.
Rusia no es signataria del Estatuto de Roma
Esto es así porque la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, es un organismo internacional independiente que no forma parte de la estructura de las Naciones Unidas.
La jurisdicción de la CPI aplica únicamente a los países firmantes del Estatuto de Roma, que es el tratado constituyente de la organización, del cual Estados Unidos y Ucrania, entre otros países, no forman parte.
En noviembre de 2016, el presidente ruso, Vladimir Putin, emitió una resolución que decía que Rusia no planeaba convertirse en signataria del Estatuto de Roma de la CPI.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, el tribunal no cumplió con las expectativas y no logró convertirse en un organismo de justicia internacional realmente independiente y autorizado.
Con información de Últimas Noticias.
