El Fiscal General del Estado español, Álvaro García Ortiz, presentó su dimisión ante el ministro de Justicia, Félix Bolaños, este lunes, tras la condena impuesta la semana pasada por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación para el cargo público.
La condena se debe a la filtración de datos reservados de la causa que investiga al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito fiscal.
Detalles de la sentencia
Además de la inhabilitación para el cargo de fiscal, la sentencia del Tribunal Supremo establece que García Ortiz deberá pagar una indemnización de 10.000 euros por daños morales al empresario González Amador. El exfiscal también debe abonar los gastos del juicio, incluyendo los de la acusación particular ejercida por el propio empresario.
Cabe destacar que el fallo judicial no fue unánime, contando con el voto en contra de dos de los siete magistrados que componen el tribunal. El Tribunal Supremo aún tiene pendiente hacer públicos los argumentos completos que sustentan su decisión.
Defensa y reacciones
Durante el proceso judicial, García Ortiz negó en todo momento haber sido la fuente de la filtración a la prensa de un correo del abogado de González Amador en el que reconocía dos delitos contra Hacienda y proponía un acuerdo. Los periodistas que declararon en el juicio también negaron que el Fiscal General hubiera sido su fuente.
La sentencia ha generado una profunda división política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó el domingo que sigue creyendo en la inocencia de García Ortiz y expresó su desacuerdo con la decisión del Supremo.
Mientras que el Gobierno y sus aliados parlamentarios han criticado la sentencia, los partidos de la oposición, como el Partido Popular (PP) y Vox, han mostrado su respaldo al fallo judicial.
Con información de agencias
