Atrapado por los obstáculos judiciales, el separatista Carles Puigdemont desistió de ser investido nuevamente como presidente de Cataluña para facilitar la formación de un gobierno, pero se comprometió a seguir trabajando desde Bélgica para convertir esta región española en una república independiente.
«En las actuales condiciones esta es la manera para que se pueda acordar un nuevo gobierno, un gobierno lo más rápido posible», argumentó en un vídeo colgado en las redes sociales Puigdemont, flanqueado por una bandera catalana y otra europea.
A pesar de encontrarse en Bélgica desde hace cuatro meses, Puigdemont aspiraba a recuperar el cargo del que fue cesado por el gobierno español de Mariano Rajoy el 27 de octubre, poco después de que el Parlamento catalán declarara fallidamente la independencia.
«Después de mes y medio Puigdemont asume que no va a ser presidente», celebró una fuente del gobierno español que controla la administración regional desde la destitución de Puigdemont.
Sin embargo, el líder independentista propuso otro candidato problemático: Jordi Sánchez, ex presidente de la influyente asociación independentista Asamblea Nacional de Cataluña, encarcelado desde hace cuatro meses por presunta sedición.
Él, por su parte, se convertirá en presidente de una especie de gobierno en el «exilio» y se comprometió a «mantener la legitimidad de la República catalana (…) y de trabajar mientras goce de libertad para hacerla posible».
«El camino que tenemos delante es largo y lleno de dificultades» pero «no nos rendiremos, no abandonaremos», advirtió Puigdemont, que anunció una demanda contra el Estado español ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Un cargo simbólico
La decisión debe servir para terminar con el bloqueo político que vive esta región de 7,5 millones de habitantes desde las elecciones del pasado 21 de diciembre, en las que los independentistas revalidaron su mayoría absoluta.
Puigdemont era su único candidato pero el Tribunal Constitucional bloqueó su investidura si no se entregaba previamente ante el juez que lo investiga por rebelión y sedición por su papel en el intento fallido de secesión.
Tras semanas de tensas negociaciones entre los partidos independentistas, estos llegaron a una fórmula para reconocer por una parte la legitimidad de Puigdemont y asegurar por otra la formación de un gobierno efectivo.
La primera parte del acuerdo se cumplió el jueves por la mañana en la cámara catalana. Los partidos independentistas aprobaron en pleno una resolución en la que afirmaban que Puigdemont es «el legítimo candidato del Parlamento a la presidencia» pero no insistieron en investirlo.
A cambio, le otorgarán el papel simbólico de presidente del Consejo de la República, un órgano creado específicamente para él que debe «liderar el camino hacia la independencia» y «estar en perfecta colaboración con el gobierno del interior», afirmó Puigdemont.
Un sustituto problemático
El camino hacia la formación de un gobierno todavía no está despejada. El presidente del Parlamento catalán iniciará las consultas con los diferentes partidos para buscar un nuevo candidato y Jordi Sánchez parte con todas las opciones.
Sin embargo, para ser escogido debe conseguir un permiso judicial para salir de la prisión y presentarse al Parlamento. Incluso si lo obtiene, sería únicamente temporal y debería volver a la cárcel con lo que su acción estaría muy limitada.
«Cataluña necesita tener cuanto antes un presidente en condiciones de gobernar esa comunidad», advirtió la fuente del gobierno español.
En el pleno celebrado por la mañana, la oposición no independentista también se mostró contraria.
«Ustedes quieren lío, lío y lío porque el lío del proceso independentista se ha convertido en su modus vivendi», arremetió Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, la primera fuerza parlamentaria pero sin apoyos para gobernar.
«Jordi Sánchez tiene todo el derecho a ser investido presidente de Cataluña pero sabemos que probablemente no es el atajo más rápido para recuperar el autogobierno» suspendido de facto por Madrid tras la fallida secesión, advirtió el izquierdista Xavier Domènech.
Además de los problemas judiciales, los independentistas todavía deben alcanzar un acuerdo sobre el programa de gobierno, divididos cómo están entre quienes apuestan por mantener el choque frontal con Madrid y los partidarios de calmar la situación y buscar una estrategia más a largo plazo.
Vía: Mundo Oriental
