La Justicia brasileña rechaza el ‘habeas corpus’ y Lula da Silva podría ser detenido

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó este miércoles el pedido de ‘habeas corpus’ preventivo, presentado por los abogados del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el caso que se le sigue por un departamento triplex.

Seis de los 11 magistrados han votado en contra del ‘habeas corpus’ del exmandatario brasileño, mientras que 5 se han expresado a favor. Según este dictamen, Lula podrá ser detenido en cualquier momento y no podrá continuar con su candidatura por la presidencia de Brasil.

El juicio ha durado más de diez horas. La última en pronunciarse sobre el caso y decantar la balanza hacia el eventual encarcelamiento de Lula ha sido la ministra Cármen Lúcia.

La magistrada Rosa Weber, cuya postura era considerada decisiva, fue la quinta en votar y se manifestó en contra del ‘habeas corpus’. Pese a ser contraria a la ejecución de la pena después de la segunda instancia, dijo que sigue «la jurisprudencia actual», que la permite.

¿De qué se le acusa?

La causa contra el exmandatario brasileño es parte del megacaso Lava Jato (lavado a presión, en español) que reveló una trama de corrupción alrededor de la empresa estatal Petrobrás y un compendio de sobornos pagados a dirigentes políticos por parte de la constructura Odebrecht.

Al líder del Partido de los Trabajadores (PT) lo acusan de aceptar un lujoso departamento triplex, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (municipio del estado de San Pablo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS, con contratos de la estatal petrolera. Sin embargo, durante el juicio no se logró demostrar que Lula es el propietario del inmueble y tampoco se ha identificado cuál es el acto o la omisión que habría dado origen al recibimiento del inmueble.

Por ese hecho, a Lula se le ha acusado con el cargo de corrupción pasiva, delito que supone que un funcionario público realiza o deja de realizar un acto de su competencia a cambio de algún beneficio. Por el hecho, fue condenado el año pasado a 9 años de prisión por un juez de primera instancia; la condena fue confirmada en enero y la pena elevada a 12 años y un mes de cárcel por un tribunal de apelación. Ante ello fue que los abogados del exmandatario solicitaron un ‘habeas corpus’ ante el STF, para evitar su encarcelamiento antes de agotar todas las instancias judiciales, entre ellas una apelación que se hizo de la sentencia de segunda instancia y por la cual se deberá pronunciar el Superior Tribunal de Justicia (STJ).