ara perseguir la transmisión del VIH, la exposición al virus o a aquellas personas portadoras que lo ocultan. Supuestamente, el fin es evitar que se propague y frenar la epidemia. Pero sucede lo contrario. Un grupo formado por 20 de los más punteros científicos especializados en sida acaba de publicar en el Diario de la Sociedad Internacional del Sida (JIAS, por sus siglas en inglés) un consenso contra este tipo de legislación.

“No existen datos que apoyen la criminalización para evitar que personas inocentes se conviertan en VIH positivos. Por el contrario […] crea un ambiente de salud pública injusto en el que los individuos que viven con el virus temen revelar su condición, lo que puede retrasar su adherencia al tratamiento”, reza el consenso, que ha sido publicado en el 22º Congreso Internacional de Sida, que se está celebrando esta semana en Ámsterdam (Países Bajos). Antes de su publicación ya se habían sumado a los 20 autores iniciales más de 70 firmantes adicionales.

Lo que persiguen con esta publicación, avalada por la ONU, es que los países consideren la evidencia científica y la realidad de la transmisión cuando se planteen elaborar leyes que persigan a los seropositivos. Muchas premisas vienen del desconocimiento y el miedo que se tenía a la enfermedad cuando surgió la epidemia, ignorando hechos como que una persona que esté correctamente tratada y tenga por tanto el virus indetectable en sangre no lo puede transmitir. Tampoco mediante sexo oral o saliva. Los autores recuerdan incluso que es muy improbable que esto suceda en una relación sexual aislada.

“Nadie debería ser criminalizado por la falta de comprensión que los sistemas judiciales tienen sobre los riesgos de la transmisión del VIH”, asegura Michel Sidibé, director de Onusida. “Por decirlo claro, la criminalización es ineficaz, injustificada y discriminatoria”, subraya Linda-Gail Bekker, una de las autoras del consenso y presidenta de la IAS, organizadora del congreso de Ámsterdam.

La publicación, además, recopila la evidencia que existe sobre la transmisión del virus y la poca efectividad de las leyes para que los legisladores ser sirvan de ella; incluso para que los testigos y las partes de los juicios en los que se persigue a los seropositivos lo puedan usar como prueba. Uno de los argumentos es que resulta imposible saber quién ha transmitido el virus a otra persona. Alguien puede tener sospechas por su conducta sexual, pero no hay forma de confirmarlo científicamente con los medios actuales.

El consenso se apoya en la auditoría que hace la Red de Justicia del VIH, que cifra en 76 los países que tienen leyes específicas para perseguir a los portadores del virus por ocultarlo o transmitirlo. Los activistas destacan especialmente la situación en Estados Unidos, Europa del Este y Asia Central y advierten de un crecimiento en los últimos años en África. A estos lugares habría que sumar otra treintena que no tiene normas concretas, pero que pueden perseguir algunas de estas conductas mediante leyes más generales. Entre ellos están casi todos los de la Unión Europea, incluida España.

Durante la conferencia, Sarai-Chisala Tempelhoff, directora de la Unidad de Justicia de Género, una ONG de Malaui, explicó que en su país se ha encarcelado a mujeres seropositivas por dar el pecho a sus hijos, a pesar de que las posibilidades de transmisión por este medio son remotas. También tuvo la oportunidad de intervenir por teléfono, desde el penal donde cumple condena, Kerry Thomas, que se ha convertido en un activista para que a nadie le vuelva a suceder lo que le ocurrió a él: “Llevo 10 años en prisión y me he dado cuenta de que puedo ayudar a que las cosas cambien”.