Hubo un tiempo en que el kirchnerismo se pensó eterno. Durante doce años (2003-2015), Néstor Kirchner (fallecido en 2010) y Cristina Fernándezcomandaron Argentina prácticamente sin oposición. La denominada «década ganada» en la que el país despegó económicamente y se elevó el nivel de vida de las clases populares fue también una época de expolio de las arcas públicas. Las denuncias sobre corrupción fueron aflorando durante los últimos años del kirchnerismo pero la Justicia miró para otro lado. Ahora, la aparición de unos cuadernos del chófer de un ex alto cargo kirchnerista ha desatado una tormenta perfecta contra el kirchnerismo. Los grandes empresarios que aparecen mencionados en la red de sobornos descrita por el chófer durante varios años han comenzado a confesar. La bola de nieve se agranda día a día y compromete gravemente a la ex presidenta peronista, acorralada judicialmente como nunca antes.

El juez Claudio Bonadio, ‘bestia negra’ del kirchnerismo, parece decidido a emular a Sérgio Moro, el magistrado a cargo de la investigación del Lava Jato que afectó a la clase política y empresarial de Brasil. Hasta hace dos semanas a Bonadio le faltaban las pruebas que ahora llegan a su juzgado profusamente. Las confesiones de varios empresarios de la construcción han llevado al juez a ordenar el registro de las casas de la hoy senadora Cristina Kirchner, una solicitud que de momento no ha prosperado en la Cámara alta, cuyo visto bueno es imprescindible para cualquier decisión judicial contra la ex presidenta.

Tras las declaraciones de los empresarios (acogidos a la figura de «imputado colaborador», una suerte de arrepentido, la misma fórmula que tan buen resultado le dio a Moro), a la Justicia le queda ahora cerrar el círculo: hallar los cientos de millones de dólares que supuestamente se pagaron en sobornos durante años. Para ello, el Gobierno conservador de Mauricio Macri ha ofrecido una recompensa monetaria a «aquellas personas que aporten datos precisos que conduzcan a la recuperación de dinero, divisas o bienes» en la causa que involucra a Kirchner al frente de una «asociación ilícita». La ex presidenta fue citada el lunes por el juez pero no declaró, se limitó a presentar varios escritos donde pidió que se investigue a Macri (su primo Angelo Calcaterra está involucrado en la red de sobornos) y se declaró víctima de una «persecución política». Es sólo cuestión de tiempo que el juez Bonadio pida la prisión preventiva de Kirchner. Pero entonces se topará de nuevo con el Senado, donde el oficialismo no tiene mayoría y depende del peronismo no kirchnerista para poder desaforar a la ex mandataria.

El escándalo que amenaza el futuro político del kirchenrismo se desató hace dos semanas cuando el diario ‘La Nación’ reveló la existencia de unos cuadernos en los que Óscar Centeno, chófer de Roberto Baratta (ex alto cargo del Ministerio de Planificación), fue describiendo minuciosamente durante varios años los traslados que hizo junto a su ex jefe con bolsos repletos de dólares. El dinero provenía de las ‘coimas’ (sobornos) que grandes empresarios pagaban a altos cargos del Gobierno. El destino final de ese dinero negro era supuestamente la residencia presidencial de Olivos, la Casa Rosada y el piso de los Kirchner en el barrio porteño de Recoleta.

La aparición de los cuadernos y la declaración judicial del chófer (hoy testigo protegido) llevó a la detención de Baratta, varios ex dirigentes kirchneristas y media docena de empresarios, la mayoría de los cuales se acogió a la «ley del arrepentido». Aprobada hace dos años, esta norma permite una reducción de la condena para aquellos imputados que brinden información relevante sobre una causa. Por los despachos del juez Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli han ido desfilando en los últimos días casi todos los hombres de negocios detenidos y otros que prestaron declaración por voluntad propia. Negociaron su libertad a cambio de información y se declararon víctimas de extorsiones para pagar sobornos a cambio de contratos públicos y aportar dinero «en negro» para campañas electorales.

A las confesiones de los empresarios se ha unido en los últimos días la declaración judicial del primer «arrepentido K». Se trata de Claudio Uberti, un ex alto funcionario encargado de la supervisión de las concesiones viales del país. Uberti ha acusado a Néstor y a Cristina Kirchner de estar al tanto de la red de sobornos y, según la prensa argentina, ha revelado que la ex pareja presidencial guardaba millones de dólares en bóvedas en sus propiedades de la ciudad sureña de Río Gallegos, y después procedía al blanqueo de esos fondos a través de sus hoteles.