Las líneas férreas de Cuba, principal vía de transporte terrestre en la isla socialista, podrán ser operadas por capitales extranjeros, según una norma difundida este 22 de agosto como parte de las reformas económicas en el país.
«Este reordenamiento legislativo propone que el ferrocarril pueda ser explotado en todo o en parte, por uno o varios operadores ferroviarios (…) y puede tratarse de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera», explicó al diario oficial Granma el asesor jurídico del Ministerio de Transporte, Edmundo Ronquillo.
La norma fue suscrita hace un año por el entonces presidente Raúl Castro, pero publicada recién este martes en la Gaceta Oficial. La disposición entrará en vigencia en un mes y permitirá la «tercerización de la explotación ferroviaria», previa autorización del Ministerio de Transporte o del órgano competente.
La modalidad de tercerización podrá ser por encargo estatal, concesión administrativa o aprobación de una licencia. Ronquillo detalló que formarán parte de la oferta vías férreas, instalaciones y material rodante, dentro de nuevas clasificaciones: servicio público y servicio industrial o propio (que forma parte de la cadena de distribución de alguna industria).
La aprobación y control de la importación, los proyectos de construcción o modificación del material rodante, quedan también en manos del Ministerio de Transporte.
Cuba ha puesto en marcha modificaciones a su modelo económico de corte soviético. Estos cambios se plasman en una reforma a su Constitución de 1976, donde reconocerá el papel del mercado y de la inversión privada y extranjera en su sistema, aunque siempre bajo la mirada vigilante del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC).
Actualmente, la estatal Ferrocarriles de Cuba (FCC) es la empresa dedicada al transporte de pasajeros y mercancías en la isla. Unos 4.500 kilómetros del ferrocarril público son operados por la también estatal Unión de Ferrocarriles de Cuba (UFC), y otros 7.000 kilómetros forman parte complejos agroindustriales y de industrias del Estado, según datos oficiales. El sistema cuenta con más de 21.000 trabajadores.
AFP
