El presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue imputado por «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público» al haber negociado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin que el Congreso haya debatido el asunto previamente, situación que, según los denunciantes, va en contra de las normas planteadas en la Constitución de ese país sudamericano.
Así las cosas, el fiscal Jorge Di Lello consideró que existen elementos suficientes para elevar el caso a juicio y ordenó que, además del mandatario, otros importantes funcionarios de su Administración sean sometidos a la futura investigación de la Justicia local. En efecto, los implicados son: el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el presidente del Banco Central; Luis Caputo, «y todo aquel que el devenir de la investigación indique como partícipe responsable», según se lee en el documento presentado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, al cual tuvo acceso RT.
Vale repasar que el Gobierno argentino junto a las autoridades de la entidad financiera acordaron en junio un crédito de 50.000 millones de dólares para ser entregados en un plazo de 36 meses, de forma periódica y bajo los constantes monitoreos del Fondo sobre las cuentas locales. En el primer tramo del acuerdo, ese país del Cono Sur recibió 15.000 millones de dólares.
En tanto, la reciente noticia judicial llega en un momento de total relevancia política, económica y social: el ministro de Economía viajó a Washington para renegociar el convenio y solicitar disponer de los fondos antes de los tres años, como estaba planteado al comienzo. De hecho, en medio de una fuerte crisis por la depreciación del peso argentino, Donald Trump llamó a Macri para mostrar su apoyo y la Casa Blanca emitió un comunicado donde ve con buenos ojos la gestión de Argentina con el FMI.
Argumentos de la causa judicial
La denuncia fue radicada por un dirigente de izquierda, Claudio Lozano, y el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, quien explicó a este medio que «el Parlamento tiene la facultad de aprobar operaciones de crédito público y convenios con organismos internacionales». En efecto, la Constitución argentina establece en su artículo 75 que corresponde al Congreso determinar si se contraen «empréstitos sobre el crédito de la nación» o si se arregla «el pago de la deuda interior o exterior». Sin embargo, el Gobierno lo interpretó de forma diferente y salteó este paso.
«El Gobierno sostiene que el Congreso en 1992 delegó facultades al Ejecutivo para poder tomar créditos con organismos internacionales, pero esa ley finalizó en el 2010, la norma está caduca». Jonatan Baldiviezo, denunciante y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Para justificar la presunta legitimidad del pacto alcanzado con el FMI, el oficialismo argumenta que ello ya se trató en el Parlamento cuando se debatió el presupuesto de aquella nación sudamericana. «Eso es mentira», refuta el abogado, y sigue: «El presupuesto del año pasado en ningún momento habla de un acuerdo con el Fondo, sí lo hace con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)». En esa línea, comenta que se realizaron autorizaciones para tomar deuda en moneda extranjera «pero ninguna de ellas encaja con el monto acordado con el FMI, por lo tanto no está autorizado«.
A su vez, detalla: «El Gobierno sostiene que el Congreso en 1992 delegó facultades al Ejecutivo para poder tomar créditos con organismos internacionales, pero esa ley finalizó en el 2010, la norma está caduca». Así las cosas, el denunciante explica que su intención es «que se suspenda la ejecución de este acuerdo y de los futuros acuerdos, y al continuar el proceso, que se declare nulo».
Al respecto, pregunta:» ¿Por qué se firmó a espaldas de los ciudadanos y no formamos parte de esa decisión?». Y continúa: «Los representantes del Congreso no participaron. ¿Por qué tenemos que pagar la deuda tomada por una sola persona como si estuviésemos en una monarquía? Estamos en un sistema republicano y democrático».
Asimismo, Baldiviezo es consciente de lo difícil que es lograr que la Justicia anule el convenio entre su país y el Fondo, pero asegura: «Es una oportunidad para que busquemos alternativas y no soluciones que nos van a llevar al abismo, como siempre nos llevaron». Además, nunca sucedió que la Justicia argentina anule un crédito entregado desde el exterior, el único antecedente cercano es un fallo del juez Jorge Ballestero, quien en el 2000 declaró que la deuda externa era «ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta», y ordenó que el Parlamento la analizara.
El fiscal pide que se investigue el acuerdo con el FMI
En el marco de esta causa, el funcionario judicial solicitó al Ministerio de Hacienda que entregue a la Justicia todas las resoluciones vinculadas al actual préstamo otorgado por el FMI. Además, citó a declarar al jefe de Gabinete de aquella cartera, Ariel Sigal, para informar sobre el «grado actual de ejecución del acuerdo cuestionado» (sic). En esa línea, también pidió a los denunciantes que amplíen su exposición para explicar cuál sería la modalidad adecuada a la hora de solicitar empréstitos, según la normativa vigente.
Por otro lado, instó a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso para que se expida sobre el respeto, o no, a la legislación y la Constitución en la concreción del convenio internacional. Y, entre los puntos más importantes, pidió al Congreso que analice con detenimiento la ley del presupuesto estipulado para el 2018.
A partir de ahora, es el juez federal Julián Ercolini el encargado de definir si acepta la medida cautelar para suspender el pacto con el Fondo.
RT
