«No pedimos al Gobierno que nos regale nada, sino que simplemente cumpla con lo establecido en la Constitución, la cual nos garantiza el derecho a la salud y a una vejez digna»
Esta vez concentrados en Parque Carabobo, frente a la sede del Ministerio Público, un grupo de jubilados y pensionados provenientes de diversos organismos e instituciones del Estado anunciaron que seguirán en la calle manifestando y realizando asambleas hasta que sus reclamos sean atendidos por el Gobierno Nacional.
Luis Cano, presidente del Frente de Defensa de los Jubilados y Pensionados, informó que fijarán estrategias sobre la manera como en adelante conducirán sus reclamos en defensa de sus derechos consagrados constitucionalmente y que darán a conocer próximamente.
“Esta vez nos reunimos un grupo jubilados y pensionados en representación del Ministerio de la Salud, el Ipasme, la Policía Metropolitana, Alcaldía de Libertador y Cantv para reclamar nuestros derechos que han sido violentados por el Gobierno Nacional. No pedimos al Gobierno que nos regale nada, sino que simplemente cumpla con lo establecido en la Constitución, la cual nos garantiza el derecho a la salud y a una vejez digna. Al contrario, esta administración nos está condenando a prescindir de tratamientos médicos, que son escasos y costosos, y hasta a la muerte prematura”.
Agregó que adicionalmente se eliminó de un plumazo el denominado «bono de guerra» sin que se les haya dado alguna razón y que paralelamente se ha violentado el cronograma de pago de las pensiones del IVSS. Esto, explica Cano, les resulta grave y problemático, ya que el retraso de una semana en el cobro dificulta adquirir los productos de la canasta básica de alimentación, impactada por una inflación de casi 4% al día, según reportes del Parlamento.
Cano estima que hay cerca de 12 mil pensionados del IVSS radicados en el exterior a quienes desde hace tres años no se les cancelan sus asignaciones por fallas del Banco Central de Venezuela.
Por su parte Eladio Yépez Gudiño, presidente de la Asociación de Jubilados del Ministerio de la Salud, condenó la eliminación sistemática de los beneficios contemplados en la contratación colectiva y que ha derivado en que obreros, empleados y médicos jubilados perciban el mismo salario mínimo nominal de 1.800 bolívares soberanos sin tomar en cuenta obligaciones contractuales contraídas en el pasado como el bono de subsistencia de tres meses, la cláusula de antigüedad y seguro de salud. Yépez considera que los ha dejado prácticamente a la deriva.
