Trabajadores de educación marcharon contra tabulador “criminal” hasta la Defensoría

Para exigir respeto a la convención colectiva vigente, y su derecho a salarios dignos, un grupo de trabajadores de la educación y enseñanza volvió a la calle, en Ciudad Bolívar.
Y es que los educadores bolivarenses se concentraron en las inmediaciones del Hospital Universitario Ruiz y Páez, en la avenida Germania, para marchar hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, donde hicieron entrega de un documento en defensa a sus derechos contractuales y, en rechazo a la aplicación de políticas que consideran aniquilan una serie de beneficios laborales.
El tricolor nacional de unos 20 metros presidió la marcha que encabezaron docentes, además de trabajadores de las empresas básicas de Guayana, del sector salud y de pensionados y jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
La Presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) del estado Bolívar, Lina Maradei de Beltrán, acotó que los maestros estaban “sin miedo y en el asfalto para defender nuestra contratación colectiva”.
La dirigente fustigó la manera como el ministro Aristóbulo Istúriz, quien al parecer ha olvidado su juramento de maestro, y el gobierno nacional han impuesto un tabulador que no sólo ofende, sino que “humilla, maltrata y apuñala” a la fuerza laboral más histórica e importante de Venezuela, como son los maestros.
Maradei exhortó a todos los educadores regionales, nacionales y municipales a no rendirse, y seguir unificados en esta lucha que libran por la convención colectiva que está condenada a muerte, la cual fue homologada por las distintas dependencias del Estado. “No podemos permitir que al maestro se le pisotee y se le confisquen sus derechos y beneficios laborales”, resaltó la dirigente, que catalogó de “criminal” y “perverso” el mecanismo laboral.
En el documento entregado solicitan la mediación del organismo defensor frente a un tabulador salarial que desde la Onapre, según esgrimen, el Gobierno “cercena los derechos de los trabajadores aplicando un factor 90 que violenta el cálculo de las primas y bonos del salario integral en un 95%”.
Asimismo, expresa la violación del derecho a la salud al incumplirse con el HCM, cuyas asignaciones son irrisorias, así como el servicio funerario. De igual manera, se cuestiona la cestaticket, cuyo monto establecido en 180 bolívares soberanos no alcanza ni para comprar un kilo de carne, menos el resto de la canasta básica que supera los 48 mil soberanos.