“El enfrentamiento registrado el pasado sábado entre organismos de seguridad del Estado y miembros de la banda El Coporo, en el sector La Caratica de la población de Tumeremo, que dejó un saldo de siete delincuentes muertos, tres soldados heridos y cinco personas detenidas, lejos de despejar las dudas sobre el control del Arco Minero, crea más incertidumbre en los pequeños y medianos mineros de la zona”, así lo dio conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática Freddy Valera.
El parlamentario criticó el atraso en el accionar de los organismo del Estado para combatir estos grupos armados que operan al sur de estado Bolívar es uno de los elementos que le genera más dudas.
“¿Por qué las autoridades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el propio ejército esperaron más de dos años para atacar?, cuando luego de la masacre ocurrida en Tumeremo, el pasado 4 de marzo en la que perdieron la vida 17 personas, lograron eliminar a “El Topo”, Jamilton Andrés Ulloa Suárez, presunto autor material de estos hechos”.
Rienda suelta
Para Valera tras la muerte del cabecilla de la banda, los organismos de seguridad deberían haber desarticulado la banda por completo, sin embargo le dieron rienda suelta por dos años más para que continuaran sus operaciones y se rearmaran, como lo confirma el importante arsenal incautado por lo organismos militares tras el enfrentamiento, entre los que destacan fusiles de asalto, granadas y armas de fuego como informaron varios periodistas que cubrieron la operación policial.
“¿Por qué este operativo se registró días después del presunto enfrentamiento entre la banda de El Coporo y elementos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia?, cuando lo ideal hubiese sido que toda la banda fuese desarticulada tras la muerte de su cabecilla El Topo”
El parlamentario reveló que es inaudito que toda una población esté en vilo y a merced de un conflicto armado, similar a la guerra por la coca registrada en la hermana República de Colombia en la década de los 80 y propiciado por el propio Estado que ha permitido el accionar de bandas armadas nacionales y extranjeras a lo largo y ancho de Arco Minero.
“¿A quién le rinde cuentas estas bandas delictivas?, ¿Quién es el padrino de estas organizaciones?,¿Quién arma a sus integrantes?, estas son parte de las dudas que deja esta operación policial y de las cuales deben rendir cuentas los organismos de seguridad del Estado a los venezolanos con el fin de devolverle la tranquilidad a los habitantes de los pueblos del sur del estado”.
