El Observatorio de violencia armada con Enfoque de Género (Ovaceg), a cargo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) en su quinto informe documentó 4 nuevos femicidios en los estados Bolívar y Monagas y sumó un caso relevante de infanticidio en Delta Amacuro.
Estos 5 femicidios, como señala el nuevo documento, dan alerta a la falta de reconocimientos de las autoridades en el deber de garantizar la protección de niñas, adolescentes y mujeres en las regiones estudiadas.
El Estado Bolívar registró 2 femicidios pasivos, 3 víctimas de violencia sexual, 2 víctimas de actos lascivos, y 1 intento de suicidio. En mujeres de edades correspondidas entre 1 y 88 años.
El municipio Caroní registró uno de los dos femicidios, mientras que el otro ocurrió en Heres.
Una de las víctimas registradas por Ovaceg fue Carolina Mora, mujer de 45 años que fue asesinada en Ciudad Bolívar, municipio Heres, en octubre. Las averiguaciones oficiales indicaron que se trató de un homicidio planificado, por lo tanto el observatorio lo tomó en cuenta como femicidio pasivo.
El siguiente femicidio pasivo se llevó a cabo el mismo mes. La víctima fue Iraima Dayar, de 58 años. Según el monitoreo de medios realizado por Ovaceg, fuentes oficiales aseguraron que el vehículo de la persona fue interceptado por una camioneta, luego fue asesinada con arma de fuego después de un intento frustrado de robo.
Sin protección hacia la mujer
La Convención de Belem Du Pará, de la cual Venezuela es Estado Parte desde 1990, en su artículo 8 señala que los que suscriben el documento convienen en adoptar programas para: “fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos”.
El mismo texto exhorta a los Estados Partes a fomentar la educación del personal en la administración de justicia, policial y otros funcionarios “así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención”.
Ovaceg incluyó un caso en Delta Amacuro el cual considera un femicidio activo (y un infanticidio) porque “resulta contrario a nuestros valores no actuar como caja de resonancia para hechos como estos, que retratan la violencia intrafamiliar desatada en los últimos años con crudeza y deben ser un llamado de atención para el Estado.”
La víctima de 1 año fue asesinada el primero de octubre. El monitoreo de medios indica que la bebé lloraba de hambre y los padres decidieron golpearla para que se detuviera.
Codehciu ve con preocupación a un Estado inoperante que no recopila estadísticas ni información fundamental para prevenir este tipo de actos de violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres, como lo señala la Convención de Belem Du Pará.
Ovaceg alerta que la adopción de medidas es fundamental para disminuir las situaciones de vulnerabilidad hacia las mujeres, sobre todo en el Estado Bolívar, señalado por el Observatorio Venezolano de Violencia como el 4to más violento de Venezuela.
Monagas fue igual de violenta
La documentación en el estado Monagas arrojó 2 femicidios activos, 1 víctima por actos lascivos y 1 femicidio frustrado.
“El flagelo de la violencia sexual ha estado presente en Monagas desde hace varios meses (…) preocupa que, pese a las diversas fuentes periodísticas que hacen vida en la región, solo una reseña la inmensa mayoría de estos casos”, explica Ovaceg con respecto a Monagas.
Yasmery Ortiz, mujer de 49 años, fue una de las víctimas registradas. Se trató de un femicidio activo efectuado en Monagas por su ex pareja, quien la atacó con un machete en octubre.
El siguiente femicidio activo se llevó a cabo el mismo mes cuando Fátima Barreto, adolescente de 16 años del municipio Maturín, fue asesinada por un muchacho de su edad quien intentaba entablar una relación sentimental con ella. Esta fue llevada al interior de una habitación y recibió un disparo en la cara después de que el otro joven intentó abusarla sexualmente.
Ovaceg resalta su compromiso para llamar la atención de las autoridades competentes, y que de esta forma manejen los casos documentados, mediante una investigación diferenciada y eficaz, que resulte en justicia, y que se apliquen estrategias que disminuyan la violencia contra la mujer y los femicidios.
