La fiscal general de la República destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz, solicitó formalmente al Parlamento venezolano que se apruebe una enmienda que impida reformar la Constitución de 1999 en un lapso de cinco años.
A través de una carta que hizo pública en su cuenta de Twitter, Ortega Díaz propuso que se modifique el artículo 333 de la Carta Magna que impida durante un lustro cualquier modificación al texto constitucional.
El artículo 333 señala que “esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
Para Ortega Díaz “ante la inminente posibilidad de que la ilegal Asamblea Nacional Constituyente pretenda derogar la actual Constitución e imponga de esa forma un modelo de dominación que legitime las constantes violaciones a los derechos de los venezolanos, es un deber de los factores democráticos del país activar los mecanismos de autoproteccióncontenidos en el mismo texto constitucional”, dijo la fiscal.
Hacer esto, es para Ortega Díaz, una forma de “empoderamiento” tanto de la Asamblea Nacional (AN) como de los ciudadanos para impedir que se haga cualquier cambio político o jurídico de la Carta Magna. Además de ser una acción “contra la deriva autoritaria que intenta dar el último zarpazo a la libertad, con la ilegal derogatoria de la Constitución”.
Caso Requesens
La fiscal que se encuentra en Colombia solicitó un día antes a la Cruz Roja Internacional que intercediera ante el Gobierno de Nicolás Maduro para lograr la atención médica al diputado a la AN, Juan Requesens.
Los familiares y abogados del parlamentario denunciaron este lunes 29 de octubre que al legislador le negaban atención médica, pese a que presenta un edema facial que requiere ser revisado.