El parlamentario electo en alianza perfecta del Gran Polo Patriótico por el partido Somos Venezuela al Consejo Legislativo del Estado Bolívar, Gilberto Alcalá, propondrá este lunes la conformación del Instituto Regional de Regulación y Control de Prestación de Servicios Funerarios y cementerios del estado Bolívar, con el objetivo de impulsar la recuperación de los campos santos en la entidad y regular la prestación de los servicios privados.
La medida busca garantizarle a la ciudadanía un entierro digno de sus seres queridos, reduciendo para ello los trámites burocráticos al momento del fallecimiento de la víctima, así como sus costos, los cuales en la actualidad son imposibles de costear por la mayoría de las familias.
Condiciones dignas
Gilberto Alcalá, diputado al Cleb, destacó que la propuesta busca crear las condiciones normativas necesarias para garantizarle a las familias bolivarenses un entierro digno de sus familiares.
“Una urna ya oscila entre los 150 mil y un millón de bolívares, costos que en algunos casos son imposibles de costear por nuestro pueblo, lo que nos obliga a crear mecanismos que garanticen el entierro digno de nuestra gente”.
Fomentando la producción
Alcalá reveló que el nuevo Instituto Regional de Regulación y Control de Prestación de Servicios Funerarios, no solo regulará la prestación del servicio funerario y se encargará de la recuperación de algunos camposantos de la entidad de la mano con las alcaldías, sino que a su vez se convertirá en un ente promotor de empresas de producción social en las diferentes comunidades de nuestra región.
“Queremos que a través de esta institución se fomenten proyectos a pequeño y mediano plazo orientados a la fabricación de urnas y otros insumos esenciales para el entierro de personas, las cuales podrán ser adquiridas a precios justos, permitiendo así el entierro digno de las víctimas”.
Intervención necesaria
Mientras la conformación de la institución se concreta, el diputado sugirió la intervención del cementerio, con el fin de sincerar los costos de los servicios privados y permitirle al pueblo un entierro digno de sus seres queridos.
“Es necesario que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos Sundee, CVG-Ferrocasa y la Vice-presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana, intervengan de manera expedita el Cementerio Jardines del Orinoco, con el objetivo de suspender la concesión a la Galáctica la cual viene atentando en contra de los derechos del pueblo guayanés a través del cobro excesivo de servicios a los familiares de los fieles servicios los cuales son calculados a precio de dólar paralelo y pagados en bolívares ”.
Alcalá aseguró que mientras esto se ejecutan estas acciones el control del campo santo debe ser asumido por una junta interventora liderada por CVG-SGR Guayana, con el fin de garantizar el derecho al pueblo de un entierro digno.
