El Ministerio Público de Suiza inició las investigaciones a Henrique Capriles Radonski – exgobernador de Miranda– por hechos de corrupción y su presunta vinculación con la empresa brasileña Odebrecht.D
Las investigaciones realizadas por un organismo especializado en crímenes en el sistema financiero, refiere el medio chileno, tendrían como base documentos de los bancos suizos, quienes registraron cómo el dinero llegó a cuentas de Capriles y algunos aliados como Rómulo Lander Fonseca y Juan Carlos Briquet Marmol.
Según los registros, el dinero entraba a una cuenta que fue abierta en 2005 en un banco suizo por la empresa Link Worldwide Corp, con sede en Panamá, que tenía como beneficiarios a Fonseca y Briquet.
Los medios refieren que entre 26 de agosto de 2011 y 10 de abril de 2013, la cuenta recibió casi 5 millones de euros en pagos de Odebrecht.
En enero de 2018, el empresario brasileño – involucrado en varios casos de corrupción en diferentes partes del mundo – confirmó el financiamiento de las campañas políticas de algunos sectores de la oposición venezolana.
Durante un interrogatorio ante autoridades peruanas, el empresario indicó que financió a la oposición peruana “con certeza”, al igual que lo hizo con dirigentes de la derecha venezolana, sin mencionar nombres.
Precisó que su plan era financiar a sectores de la oposición en América Latina. “Nuestra intención era la de apoyar a muchos candidatos de oposición, incluso sabiendo que no iban a ser elegidos. Los apoyábamos de alguna manera. Porque la oposición también puede crear problemas. Una manera de crear una red es apoyar”, expresó Odebrecht.
A través de un reportaje difundido en enero de 2017 por The Wall Street Journal, se vincula a la Gobernación del Estado Miranda, dirigida en su momento por Henrique Capriles, de haber realizado contrataciones directas con la empresa Odebrecht.
Como parte de las investigaciones en el caso Odebrecht, la Contraloría General, órgano del Estado que se encarga de fiscalizar los ingresos, gastos y bienes públicos nacionales, inició una investigación sobre algunas irregularidades en el manejo del presupuesto público por parte de Capriles y su equipo de gobierno.
Tras incurrir en faltas administrativas como no presentar el presupuesto local ante el Consejo Legislativo del estado, firmar acuerdos internacionales contraviniendo la normativa venezolana y asignar obras a contratistas sin cumplir con la ley, la Contraloría impuso una inhabilitación administrativa por 15 años al exgobernador.
El ente contralor estableció la sanción, tras haber determinado la responsabilidad administrativa de Capriles por una causa iniciada en septiembre de 2016.
La resolución emitida en abril de 2017 especifica que el gobernador “incurrió en ilícitos administrativos durante su gestión como gobernador del estado Bolivariano de Miranda durante los años 2011, 2012 y primer trimestre del año 2013, por haber actuado de manera negligente al no presentar el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013 ante el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Miranda, por haber celebrado convenios de cooperación internacional entre la gobernación a su cargo y las Embajadas de la República de Polonia y de Gran Bretaña, sin la autorización legal requerida, y por omitir el procedimiento de selección de contratistas, comprometiendo el presupuesto público mediante contratación directa”.
Con información de AVN
