“El régimen ha mantenido de manera sistemática la violación flagrante de los derechos humanos a nuestros hermanos pemones y todo el pueblo de Santa Elena de Uairén, desde el pasado 23 de febrero, a través del uso excesivo de la fuerza y la intimidación por parte de efectivos militares y grupos parapoliciales”, así lo denunció el diputado a la Asamblea Nacional por Freddy Valera
Durante el recorrido que realizó la Comisión Mixta de Política Interior de la Asamblea Nacional y diputados del Bloque Parlamentario del Estado Bolívar, el líder político, aseguró que la violencia exacerbada que cobró la vida de siete personas y dejó heridas a más de 30 personas, no ha cesado y se ha mantenido como elemento de control de la población, pese a la medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al pueblo pemón.
“Desde el pasado 25 de febrero la presencia de los organismos de seguridad del Estado se ha incrementado en la región y con ella el aumento de las actividades intimidatorias contra los heridos y el pueblo pemón de San Francisco de Yuruaní (Kumaracapay), obligando incluso al alcalde del municipio Gran Sabana, Emilia González a refugiarse en la población de Roraima junto con varios capitanes indígenas”.
Violencia sistemática
Valera aseguró que el uso de la fuerza no solo se limita a la persecución de la disidencia sino también al control de las personas y alimentos que ingresan al municipio, vulnerando el derecho de los venezolanos al libre tránsito.
“Nuestra comisión estuvo retenida más de tres horas en la alcabala que se ubica entre las poblaciones de Guasipati y El Callao, nos quitaron los cédulas y nos detuvieron sin ninguna explicación, pese a contar con inmunidad parlamentaria”.
Instancias internacionales
En tal sentido, el dirigente político reveló que cada una de las denuncias recabadas en la zona, serán incorporadas en un expediente que elevará el Parlamento Nacional a los organismos correspondientes encargados de juzgar la violación de derechos humanos.
“Casos como el de Zoraida Rodríguez, de 46 años de edad, y su esposo Rolando García, de 51, que dejaron a seis hijos huérfanos, cinco de los cuales se encuentran en Brasil, luego que fueran asesinados por el Ejército venezolano no quedará impune”.
Para ello, Valera instó a los representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Nacionales Unidas a visitar la zona y conocer la realidad que hoy enfrenta la comunidad pemona y del Municipio Gran Sabana, así como la historia de miles de desplazados que hoy habitan en condiciones precarias en el estado de Roraima.
“Queremos que los representantes de la alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet recaben de primera mano la denuncia y las violaciones cometidas en contra del pueblo venezolano por este régimen genocida y hambriento de poder”.
Prensa Diputado Freddy Valera
