Quedan tal vez dos planes B. Uno se discutió en una reunión a puerta cerrada el pasado 10 de abril en Washington convocada por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, con la presencia de representantes actuales y anteriores del Departamento de Estado, del Consejo Nacional de Inteligencia y del Consejo de Seguridad Nacional, así como el almirante Kurt Tidd, excomandante del comando sur militar de Estados Unidos bajo el título: “Evaluación del uso de la fuerza militar en Venezuela”.
“No es posible una invasión, pero algo de baja intensidad, como un bloqueo naval, tal vez serviría para salir de esta situación de tablas”, dijo en una entrevista telefónica Fernando Cutz, un especialista en Venezuela del Cohen Group que asistió a la reunión en Washington. “Sólo sería factible si hay apoyo de otros países”, añadió Cutz, que asesoró a Trump al inicio de la operación de cambio de régimen.
Pero ninguno de los países latinoamericanos del grupo de Lima, ni Colombia, es partidario del uso de fuerzas militares. Es más, los líderes del Congreso estadounidense se han mostrado en contra de una acción militar. El interés político de la Administración Trump en Venezuela, mientras tanto, parece haber tocado techo. El número de tuits que producen los cuatro artífices de la operación venezolana –Mike Pence, John Bolton, Marco Rubio y Mike Pompeo– ha caído de 153 por semana en enero-febrero a sólo 34 en la actualidad.
De modo que queda la otra opción. Que la comunidad internacional –tras la decisión de 53 países, entre ellos muchos europeos, de reconocer a Guaidó– se vaya acercando a una solución negociada. Si esto ocurre, el foco de interés diplomático se irá desplazando desde Washington a Ciudad de México.
Aquí, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tomo posesión en diciembre del año pasado, se ha ofrecido para negociar entre Maduro y la oposición de Guaidó. Hasta la fecha, este último se ha negado. Uruguay y, en menor medida, la Unión Europea, son favorables al plan mexicano, aunque con la diferencia de que creen que la convocatoria de elecciones generales debería ser una condición sine qua non de las negociaciones.
“Para nosotros, el diálogo es el plan A”, explica en una entrevista Maximiliano Reyes Zúñiga, vicesecretario de Relaciones Exteriores del Gobierno López Obrador. “Y no ligamos este diálogo a las elecciones porque es una decisión que deberían tomar los venezolanos; nuestra Constitución nos prohíbe apoyar el intervencionismo”, dice Reyes.
Dicho eso, Reyes insiste en que “tiene que haber una solución democrática y esto significa un proceso electoral, pero acordado desde dentro”. Hay que presionar para que “sean elecciones creíbles; no vamos a entregar un cheque en blanco al régimen de Nicolás Maduro“, explica. En lugar de un proceso encabezado por la administración de Washington, “el organismo que tiene que dar estas garantías es la ONU”, insiste.
Incluso hablar de los pros y contras de acciones militares en Washington es peligroso, advierte: “Estamos haciendo todo lo que diplomáticamente está en nuestras manos para que no haya una intervención militar. Hemos sido victimas de las injerencia militar en México y sabemos que tendría consecuencias graves para toda la región”.
La propuesta mexicana de diálogo ha sido ninguneada por la oposición de Guaidó y los países que defienden forzar la salida de Maduro. “Es decepcionante que México se haya desacoplado de otros países latinoamericanos que quieren derrocar a Maduro”, afirma Cutz, de origen brasileño, que descarta negociaciones con Maduro y propone entablar conversaciones con los militares venezolanos.
Pero Reyes destaca que “somos, hoy por hoy, el único país que tiene contacto a primer nivel con todas las partes, tanto el régimen del presidente Maduro como la oposición de Guaidó, con Estados Unidos, el grupo de Lima y también con España y Europa; esto ha sido reconocido por todos ellos porque la situación está estancada y creen que en algún momento va a ser necesario hablar”.
“Nuestro enviado principal –añade– estuvo en Caracas la semana pasada y ha mantenido reuniones al más alto nivel con las dos partes y esperamos que pueda haber una señal que puede ser el inicio de una solución pacífica”.
Hay asuntos que deben ser tratados antes de que se convoquen elecciones, dice Reyes. Uno son las sanciones y el embargo petrolero aplicado por Estados Unidos con el apoyo de otros países, sobre todo Canadá. Aparte de agravar la crisis humanitaria en Venezuela, distorsionaría cualquier votación: “El bloqueo es terrible porque rompe un principio básico de las elecciones que es la equidad”, dice.
Otra precondición para que haya elecciones libres “es la libertad de los presos políticos que demanda la oposición”, dice Reyes. “Estamos trabajando de forma constante para conseguir muestras de flexibilidad de ambas partes”, dice. “La cancillería española está completamente de acuerdo en la ruta que estamos trazando”.
Lo sorprendente es que López Obrador haya plantado cara a Washington en su plan de derrocar a Maduro, a la vez que mantiene muy buenas relaciones con la Administración Trump. “A Estados Unidos le cae bien que nosotros seamos interlocutores válidos”, dice. Insiste en que México no se ha sometido a las mismas presiones desde Washington que el ministro de asuntos exteriores español Josep Borrell denunció en el caso europeo.
La popularidad de López Obrador –índices de popularidad que se sitúan alrededor del 70%– ha ayudado a reforzar la insumisión ante Washington. El 68% de los mexicanos consultados por el diario Reforma apoyan la posición no intervencionista del Gobierno respecto Venezuela
Este fuerte apoyo ha ayudado también al presidente mexicano a blindarse ante la utilización de Venezuela como una herramienta de la política interna, cosa que ocurre en Europa, Estados Unidos y el resto de América Latina. “No queremos –afirma– hacer de un tema de política exterior un tema de política interior”.
“Venezuela –se lamenta– está teniendo un impacto en las elecciones de Estados Unidos, y cuanto más se acercan más polémico se va a poner”.
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