Mediante comunicación suscrita por el juez Chile Eboe-Osuji quien preside la CPI, fueron designados los jueces Péter Kovács de Hungría, el francés Marc Perrin de Brichambaut y la beninesa Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou quienes conforman la Primera Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI.
El juez Marc Perrin de Brichambaut es a su vez el Segundo vicepresidente de la CPI y encabezó hasta marzo pasado la sección de Salas de Cuestiones Preliminares. La asignación del caso a una sala de cuestiones preliminares fue consecuencia directa de la solicitud realizada por seis gobiernos americanos.
El 26 de septiembre de 2018 el Primer Ministro Justin Trudeau y los Presidentes Mauricio Macri, Iván Duque Marquez, Sebastián Piñera, Mario Abdó Benítez y Martín Vizcarra en nombre de Canadá y de las repúblicas de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú invocaron el artículo 14 del Estatuto de Roma que norma el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. El artículo 14 faculta a “todo Estado Parte” a “remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte”.
Mediante una comunicación que fue entregada el 27 de septiembre de 2018 en la sede de la CPI en La Haya, Países Bajos, estos seis países solicitaron a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, “iniciar una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro, a partir del 12 de febrero de 2014, con el fin de determinar si una o más personas específicas deben ser acusadas por la comisión de tales crímenes”. La llegada de la carta a manos de la Fiscal activó las normas 45 y 46 del Reglamento de la CPI.
El mismo día 27 de septiembre de 2018, la fiscal Bensouda informó por escrito al Presidente de la Corte sobre el contenido de la correspondencia recibida. El 28 de septiembre de 2018, el Presidente de la CPI, el nigeriano Chile Eboe-Osuji, emitió su decisión de remitir a la Primera Sala de Cuestiones Preliminares el caso enunciado como “Situación en la República Bolivariana de Venezuela”.
En su informe anual publicado el 05 de diciembre de 2018, la fiscal de nacionalidad gambiana, Fatou Bensouda aseguró que su oficina “continuará su evaluación de la información disponible para llegar a una determinación sobre si hay una base razonable para creer que los presuntos crímenes corresponden a la materia competencia de la corte” (…) y “continuará registrando denuncias de delitos cometidos en Venezuela [desde el 12 de febrero de 2014 en la medida en que puedan entrar a la jurisdicción de la corte”.
Hasta la remisión del caso venezolano a la Sala de Cuestiones Preliminares el 28 de septiembre de 2018, la investigación de las denuncias sobre delitos en lesa humanidad en Venezuela estaba solamente en manos de la fiscal Bensouda. Ahora el caso venezolano ha escalado dentro del proceso penal internacional al involucrarse un cuerpo de jueces que deberá solicitar la información acumulada por la Fiscalía, pronunciarse sobre la admisibilidad de la denuncia presentada y decidir si existen méritos para iniciarse el juicio. La Sala de Cuestiones Preliminares no emite sentencias pero una conclusión suya sobre la existencia de méritos para abrir un juicio implica la existencia de pruebas contundentes.
Vía Diario las Américas
