Dos excombatientes de las FARC y ahora congresistas, Sandra Ramírez y Jairo Cala, denunciaron en Ginebra que el proceso de paz en Colombia está en peligro por hechos como el asesinato de 131 antiguos miembros de la guerrilla desde la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana en 2016.
Ramírez, viuda del exlíder guerrillero Manuel Marulanda «Tirofijo», y Cala transmitirán esta preocupación a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que les recibirá en su oficina.
Asimismo, le pedirán que Naciones Unidas renueve en los próximos meses el mandato de su Misión de Verificación de los acuerdos de paz.
«Vamos a transmitir a la ONU la difícil situación que tenemos en nuestro país, con asesinatos sistemáticos tras la firma del acuerdo de paz», dijo a Efe la senadora Ramírez, alias de Griselda Lobo.
A los 131 excombatientes fallecidos Ramírez sumó unos 600 asesinatos de líderes locales, entre activistas de derechos humanos y medioambientales, políticos o responsables de que se cumplan los acuerdos en materia de reparto de la tierra en zonas rurales.
Según la senadora, detrás de los asesinatos están «los mismos grupos paramilitares que operan en Colombia desde hace 50 años» bajo nuevos nombres como los Águilas Negras o el Clan del Golfo.
«Pedimos aquí el apoyo de la comunidad internacional para impedir que el acuerdo de paz en Colombia fracase», agregó el diputado Cala, quien también denunció la participación de fuerzas del Ejército colombiano en al menos dos de los asesinatos de excombatientes perpetrados desde 2016.
«Exigimos un compromiso real y efectivo por parte del Ejército colombiano para que se detenga esta nueva versión de ‘falsos positivos», indicó en alusión al asesinato del exguerrillero Dimar Torres en el departamento de Norte de Santander y a un suceso similar ocurrido en San Vicente del Caguán (sur del país).
Los dos congresistas solicitarán también a Bachelet que garantice la continuidad de la Oficina del Alto comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, que según ellos está amenazada por los intentos del Gobierno colombiano de detener sus actividades.
EFE
