La Comisión de Justicia de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pidió ante la Fiscalía la apertura de una investigación contra el diputado Franklyn Duarte por supuestamente “instigar al odio” a través de redes sociales, informó este miércoles el vicepresidente de este comité, Esteban Arvelo.
“Un diputado de la Asamblea Nacional, lamentablemente en desacato, vía redes sociales, cometió algunos delitos, como la instigación y la promoción al odio, delitos tipificados en la ley contra el odio”, dijo al canal estatal VTV sin precisar el mensaje con el cuál el legislador habría incurrido en el supuesto delito.
Indicó que la comisión acudió a la Fiscalía para que adelante una investigación contra Duarte, quien es legislador por el estado de Táchira (oeste), fronterizo con Colombia, y que constantemente denuncia hechos que ocurren en la zona límite entre ambos países.
Explicó que las investigaciones serán llevadas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que determine si en el supuesto delito “hay elementos suficientes para ir por flagrancia o para ir por antejuicio de mérito”, dado que se trata de un diputado.
“Y bueno ir hacia buscar el levantamiento de alguna inmunidad parlamentariay que sean los organismos penales ordinarios quienes determinen si hay o no responsabilidad penal”, agregó.
Arvelo dijo además que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria “no significa que haya aprehensión automática”, sino que al diputado “se le invita a un proceso penal donde pueda ejercer su debida defensa”.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano que no reconoce la oposición ni buena parte de la comunidad internacional, ha actuado este año contra al menos 15 diputados, todos ellos acusados por “rebelión” tras el fallido alzamiento militar que lideró el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, el pasado 30 de abril.
A la lista se suma también el propio Guaidó a quien se le acusa por “actos terroristas” y crímenes de lesa humanidad.
La ANC, integrada solo por chavistas, ha dado por levantados los fueros de diputados atribuyéndose competencias exclusivas del Parlamento, que es controlado por la oposición.
La oposición ha acusado en reiteradas oportunidades a la ANC, la Fiscalía y al TSJ de ser un “brazo político” del Gobierno de Nicolás Maduro para actuar en contra de sus adversos.
Venezuela atraviesa por un alto pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró otro período de 6 años, que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que es reconocido por 55 países. EFE
