Dos diputados a la Asamblea Nacional y dirigentes del partido Primero Justicia (AN), Juan Requesens y Julio Borges, y una treintena de personas, entre ellas civiles y militares, algunos ya procesados por la justicia, la participación de los gobiernos de EE UU y Colombia han arrojado las investigaciones que ha adelantado el Ministerio Público sobre el intento de magnicidio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, que este domingo 4 de agosto cumple un año.
El fiscal general Tarek William Saab dijo recientemente que 31 de los involucrados se encuentran detenidos y que a siete les concedieron medidas sustitutivas por su menor implicación en el hecho.
Dos drones (UAV de multicolor) cargados con explosivos C-4 sorpresivamente sobrevolaron y explotaron frente a la tribuna presidencial, ubicada en la avenida Bolívar de Caracas la tarde del sábado 4 de agosto de 2018, donde Maduro y miembros de su tren Ejecutivo se encontraban encabezando los actos con motivo del 81 aniversario de fundación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
La confusión, el pánico y terror reinaron en el lugar obligando a los oficiales que hacían su parada militar a romper filas, como pudo apreciarse en la cadena la presidencial que intempestivamente fue sacada del aire.
Siete efectivos de la GNB resultaron heridos por la explosión de uno de los aparatos, mientras que el otro se estrelló en un edificio cercano a la avenida Bolívar generando un incendio.
Por más de una hora el país quedó sumergido en una total incertidumbre por lo ocurrido. En las redes sociales se especularon muchas versiones.
Luego a través del canal del Estado, el ministro de Comunicación e Información (Minci), Jorge Rodríguez, informó al país: “Exactamente a las 5:41 minutos de la tarde se escucharon unas detonaciones que correspondían a artefactos voladores de tipo dron que contenían cargas explosivos (…) Las investigaciones llevadas a cabo señalan que se trata de un atentado contra nuestro presidente Nicolás Maduro, que para tranquilidad de todos se encuentra ileso”.
Tres horas después, el mismo Mandatario, apareció desde el Palacio de Miraflores para dar detalles de las primeras averiguaciones y acusó al Gobierno del expresidente colombiano Juan Manuel Santos de estar detrás del hecho a la vez instó a su par estadounidense Donald Trump a abrir una investigación, ya que los responsables son personas que viven en esa nación.
“El nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado, no tengo dudas, la saña asesina de la oligarquía venezolana, y estoy seguro de que aparecerán todas las pruebas”, afirmó Maduro.
“¡Justicia!, ¡máximo castigo! Y no va a haber perdón, los que se han atrevido a ir hasta el atentado personal que se olviden de perdón, los perseguiremos y los capturaremos a donde se vayan a esconder ¡Lo juro!”, expresó Maduro en su alocución al país.
Al día siguiente, el ministro para el Interior, Justicia y Paz, M/G Néstor Reverol, informó sobre la captura en los estados Barinas y Portuguesa de los primeros seis implicados, a quienes señaló de “terroristas” por la forma en la que actuaron.
Cuatro días después del ataque dio a conocer los nombres de los detenidos, ellos son: “Yanin Fabiana Pernía Coronel, conocida como ‘María’; Brayan de Jesús Oropeza Ruiz, alias ‘Poeta’; Emilendris Carolina Benítez Rosales, Yolmer José Escalona Torrealba, Alberto José Bracho Rozquez, alias ‘Porto’, y José Miguel Estrada González, ‘Zamurito’”.
También dijo, en esa oportunidad, los nombres de quienes se encuentran con orden de captura internacional.
“Osman Alexis Delgado Tabosky (planificador y financista), Rayder Alexander Russo Márquez (planificador y financista), Yilber Alberto Escalona Torrealba (explosivista), Gregorio José Yaguas Monje (explosivista)”, así como “José Rivas, dueño de la tienda Stand Electronics, a quien se señaló por facilitar pagos para los involucrados en el presunto atentado; y David Beaumont, quien habría sido presuntamente el responsable de alquilar la oficina en el Centro Empresarial Cipreces, desde donde lanzaron uno de los drones.
Por su parte, la Cancillería colombiana se pronunció respondiendo: “Resultan absurdos y carecen de todo fundamento los señalamientos de que el mandatario colombiano sería el responsable del supuesto atentado en contra del presidente venezolano”, indicó en un comunicado.
Luego, el mismo Santos respondió: “¡Por Dios!, yo le digo al presidente de Venezuela, yo el sábado estaba en unas cosas mucho más importantes, estaba bautizando a mi nieta”, manifestó Santos, al intervenir tres días después del suceso en un foro sobre organismos de control en Bogotá.
Mientras que la oposición, representada por el Frente Amplio Venezuela Libre, se deslindó de los hechos y señaló que la salida a la crisis que padece el país debe ser “democrática”.
“Reafirmamos que la solución que merece nuestro pueblo es la solución democrática y constitucional”, respondió en un texto.
Aunque la periodista Patricia Poleo, horas después del hecho, leyó desde Miami un comunicado que le hicieron llegar los presuntos cabecillas de la operación, que se autodenominaron “Soldados de Franelas”, en el que aclaraban que solo habían participado militares y policías retirados, tres días después el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) detuvo al diputado Requesens por estar involucrado tras las confesiones de los primeros apresados y autores materiales, y la Fiscalía emitió la orden captura contra el expresidente de la AN, Julio Borges por su presunta participación en el hecho también, pero se encuentra bajo asilo en Colombia.
“La operación era sobrevolar 2 drones cargados con (explosivo) C4; el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo. Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo”, escribió el grupo @SoldadoDfranela en las redes sociales.
Sin embargo, Salvatore Luchesse, exdirector de la Policía Municipal de San Diego del estado Carabobo y dirigente político, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos se atribuyó la responsabilidad del hecho, e incluso dijo, a la agencia de noticias Reuters que los equipos fueron adquiridos a través de internet y enviados a Colombia donde fueron probados y preparados para el ataque contra el Jefe del Estado venezolano.
Pero el Gobierno, tras sus investigaciones, insiste en la vinculación de Requesens y Borges por los interrogatorios y confesiones. De hecho, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, mostró al país un video en el que el dirigente opositor de 30 años revelaba los detalles del atentado.
En la grabación, el parlamentario dijo que Borges le había pedido ayuda para hacer ingresar al país a un S/M retirado de la GNB llamado Juan Carlos Monasterios, alias ‘Bons’, conocido ya por su participación en el levantamiento militar en el Fuerte Paramacay en 2017 con otros oficiales, a quien ya Maduro había acusado previamente y fue detenido por ser el “jefe operacional” del ataque.
En otro video, Requesens aparecía vestido solo con ropa interior sucia, llena de excremento y parecía confundido.
Esa grabación causó grave preocupación en su familia que denunció que el legislador parecía drogado y que temían que lo hubieran torturado.
Requesens enfrenta dos cargos de intento de asesinato. También fue acusado de terrorismo, traición a la patria, incitación pública, posesión ilegal de un arma de fuego y conspiración para cometer un delito.
Otro de los nombres que figura es el del coronel retirado Oswaldo Valentín García Palomo. Este oficial, informó en una rueda de prensa el ministro Rodríguez, confesó que Julio Borges le dijo que estaba “dispuesto a todo” para salir del Gobierno venezolano.
De acuerdo con su testimonio fue reclutado por Borges, el exjefe de Comunicaciones de la Guardia de Honor Presidencial, Ovidio Carrasco Mosqueda.
Rodríguez señaló que Carrasco ofreció una declaración brutal y se sometió al polígrafo, por lo que confesó haber tenido un contacto telefónico con Borges para comunicarle que el Jefe del Estado venezolano asistiría el pasado sábado 4 de agosto a la avenida Bolívar de Caracas.
Carrasco precisó que se reunió por primera vez con Borges en el parque La Llovizna, ubicado en el estado Bolívar, y fue allí donde le solicitó formar parte de las operaciones para derrocar al presidente Maduro.
A cambio, Carrasco pidió a Borges que le garantizara residencia en Estados Unidos y cupos en universidades para sus hijas.
“Las investigaciones señalan que incluso Carrasco facilitó el proceso para que los drones atacaran la tarima presidencial el 4 de agosto de 2018. Este traidor fue reclutado por Julio Borges para facilitar el asesinato del presidente Nicolás Maduro. Por eso les digo, que sentado en la mesa de diálogo, Borges ya estaba involucrado en el magnicidio frustrado”, sostuvo el vocero del Gobierno.
Aseveró que quedó claramente establecido que quien dirigió todo el proceso del magnicidio en grado de frustración fue el coordinador nacional de PJ.
Sobre Borges, pesa una orden de captura con código rojo, pero el Gobierno colombiano para protegerlo le otorgó el estatus de “refugiado”.
Las investigaciones continúan hace un par de meses, el titular del Minci unos días antes a la visita de la alta comisionada para los DD HH de la ONU, Michelle Bachelet, reveló que también fueron capturados Henrybergth Enmanuel Vivas, alias ‘Morfeo’; Ángela Lisbeth Espósito Carrillo, apodada ‘la Perrera’, presidenta de Funda Animal; así como el coronel en situación de retiro Mon Santiago García, conocido como ‘Coro’.
A esto se le suma, las conversaciones y negociaciones que obligados por la crisis económica y política tuvieron que retomar el Ejecutivo la oposición siendo el Gobierno noruego el garante para ayudar a buscar una pronta salida.
Panorama.com
