La xenofobia no cesa para quienes siguen llegando en masa a los países vecinos en busca de un mejor futuro. Con particular intensidad en Perú, que con más de 800 mil criollos es ya el segundo receptor de migrantes venezolanos, apenas detrás de Colombia.
Las medidas gubernamentales para frenar el éxodo, por el que sin embargo existen cada vez más pedidos de ayuda internacional, tampoco se detienen. La exigencia de pasaporte y visado por Perú fue anunciada en junio durante la deportación -también en masa- de venezolanos.
El anuncio generó rechazo después de que sin pruebas, el ministro del Interior peruano, Carlos Morán, acusara a los venezolanos de ser el motivo del aumento en los índices delictivos en Lima, donde reside la mayor parte de criollos.
El gobierno peruano dijo entonces que 140 venezolanos fueron expulsados en vuelos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) con rumbo a Caracas “por mentir sobre antecedentes” penales.
Lo que no dijo la administración de Martin Vizcarra fue que las deportaciones -por “presunción” criminal- no superaron el 0,02% de los 800 mil venezolanos que ingresaron al país en medio lustro, reseñó la plataforma especializada Aleteia.
En este marco, no sorprende que en la nación circulen sin rubor panfletos con mensajes en los cuales se amenaza con “degollar, torturar, secuestrar, torturar o extorsionar” a quienes osen contratar a venezolanos, a pesar de que en su mayoría está constituida por una fuerza laboral altamente capacitada.
“Peor que drama colombiano y terrorismo en Perú”
“Ni el drama colombiano en la peor época de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ni las migraciones provocadas por el terrorismo en Perú, ni los éxodos ocasionados por las dictaduras en Sudamérica habían generado una situación como la que viven hoy los migrantes de Venezuela”.
La afirmación no es poca cosa. Tampoco quien lo sostiene, el director del Servicio Jesuita a Migrantes, José Tomás Vicuña. Lo dijo al visitar un mes después, en julio, las comunidades de Arica, Tacna y Colchane, en la frontera, donde la Iglesia Católica mantiene un ejército de voluntarios ante la inacción gubernamental.
Se advirtió que era una bomba de tiempo. Y explotó. El pedido de “visa humanitaria” por parte del Perú y el “cierre de fronteras” en Chile se sumaron para complicar el ya complejo panorama.
Las fuertes complicaciones se acumularon en la frontera ante la instalación de campamentos donde los venezolanos “sobreviven en condiciones infrahumanas en espera de largos procesos migratorios”. Allí perdió la vida en gestación una embarazada venezolana, a pesar de que tramitaba sus papeles para el ingreso legal al país.
También en Tacna el caos se apoderó de los alrededores del consulado chileno, mientras que casi a renglón seguido advertía el gobierno de Sebastián Piñera que únicamente recibirán inmigrantes “hasta que la nación lo resista”.
La migración es un “negocio”
Sin embargo, la migración es también un lucrativo mercado que mueve ingentes millones de dólares, dentro y fuera de las fronteras. A los venezolanos les ofrecen ingresar de forma ilegal.
Mientras que “las personas venezolanas que no logran ingresar a Chile se retornan a Tacna”, indicó César Ruiz, Coordinador del Proyecto Refugiados y Solicitantes de Asilo de Encuentros, en conversación con Aleteia.
El directivo del Servicio Jesuita de la Solidaridad denunció que allí “sacan provecho de la situación los llamados coyotes”. Se refiere a las personas que ofrecen “pasar a los venezolanos por caminos no autorizados”. La prensa local no menciona ni las muertes ni la esclavitud a la que muchos son sometidos, como sí confirman Acnur y Unicef.
En la zona, la “Ley de Refugiados” es letra muerta. En medio del huracán político que representa el tema, las diputadas de la Comisión de Gobierno Interior, Joanna Pérez, Andrea Parra y Catalina Pérez, acudieron al sitio.
“La Ley de Refugiados no se está cumpliendo, porque hay información en la que el Gobierno cambió claramente las reglas del juego, y en esto no se puede relativizar”, dijo la presidenta de la Comisión, Joanna Pérez, según publicó El Mostrador.
Parra dijo por su parte que el presidente chileno Piñera “le puso llave a la frontera y está intentando invisibilizar una crisis migratoria, una crisis humanitaria que existe, trasladando a la gente desde Chacalluta, al consulado de Tacna para que el problema esté en territorio peruano”.
El caso es complejo, tanto como la xenofobia que lejos de combatirla se incentiva. En Perú es donde se denuncian más casos, en parte por el volumen de ingresos, pues desde 2018 es el segundo país del mundo receptor de solicitudes de asilo en términos absolutos, apenas detrás de Estados Unidos.
Cierran puertas a migrantes venezolanos
Desde el 15 de junio esa nación únicamente admite “el ingreso de titulares de pasaporte venezolanos que cuenten con visa”. Aún cuando el gobierno de Vizcarra ya exigió pasaporte en agosto a los venezolanos -con excepción de embarazadas, niños y enfermos- la medida causó sorpresa y temor.
La administración actual aprobó una nueva legislación, aunque durante el gobierno de Ollanta Humala se emitió el Decreto Legislativo 1236 que actualizó la antigua Ley de Extranjería (1991) argumentando “crecimiento exponencial del flujo de personas que ingresan, transitan, permanecen y salen del país”.
Sin embargo, lo cierto es que desde que inició la diáspora venezolana, el instrumento legal incorporó causales para la inadmisión de extranjeros. Al tiempo que amplió las atribuciones de Migración, dándole “la facultad de fiscalizar actividades de extranjeros”, algo que hasta 2015 fue potestad exclusiva de la Policía.
En la actualidad, el plan “Migración Segura 2019” permite la expulsión en menos de 12 horas de un migrante. Incluye operativo policial en conjunto con personal de la Superintendencia de Migraciones. La medida le dio resultado a Vizcarra: la tasa de ingreso diario de venezolanos a Perú disminuyó a un tercio, según Aleteia.
Según las cifras oficiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en tan sólo tres años han salido de Venezuela casi 4 millones de personas. La mayor parte de ellos se encuentra en Colombia y Perú.
Los venden como ladrones o “descuartizadores”. Mientras en redes sociales abundan videos que demuestran la violación de Derechos Humanos incluso por fuerzas del orden público y la seguridad. ¿Todos son ilegales? La evidencia confirma que no.
“Liberan a venezolano señalado en caso de descuartizamiento en Perú” titula la prensa local. La nota reseña que “Alexander Salazar Álvarez, recepcionista del hostal Señor de Sipán, quien aparece señalado en el doble asesinato y descuartizamiento de dos personas en San Martín de Porres, fue liberado una vez más esta tarde”.
“La detención del venezolano fue por error”
El trabajo periodístico culmina con una frase cuando menos curiosa: “…La detención de Alexander Salazar se trató de un error administrativo”. El juez Carlos Coral Ferreiros, del Juzgado de Lima Norte del Poder Judicial de Condevilla, dictaminó su libertad, según el Canal N.
El venezolano cumplió siete días de detención preliminar, mientras que su abogado, José Luis Huirse, dijo a “Latina Noticias” que su defendido “fue capturado debido a que la medida de requisitoria no había sido retirada”.
Sin embargo, otro tipo de noticias no se consiguen con la misma facilidad. Una de ellas, viral en Venezuela, recuerda que los médicos venezolanos Yeison Rivero y Ricardo Castro obtuvieron los primeros lugares en el Examen Nacional de Medicina (Enam) de Perú.
Médicos venezolanos son los primeros en Perú
Egresado de la Universidad de Oriente, Rivero obtuvo el primer lugar, mientras que Castro -de la Universidad Central de Venezuela- alcanzó el segundo puesto en el Enam.
Y es que más de 30 mil médicos criollos partieron del país para servir en las emergencias de otras naciones vecinas, según los estimados del presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera.
La Organización Internacional para las Migraciones- OIM- coincide en que los médicos criollos están reforzando el sistema de salud de ese y otros países, donde hay escasez de galenos. Argentina también los acoge. Más de un millar de especialistas de la salud hacen vida legal allí y la mitad ejerce formalmente.
El examen en el que los venezolanos obtuvieron el primero y segundo lugar contó con la participación de 600 galenos de Perú y otras nacionalidades. La finalidad era poder optar a vacantes de atención sanitaria y realizar el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (SERUMS).
(Tomado de Globovisión.com)
