Un grupo de asaltantes irrumpió en la madrugada de este martes en la sede de la Contraloría General, en Quito, donde provocaron destrozos, tras lo cual la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura anunciaron que suspendían sus actividades, en medio de un aumento de disturbios y protestas contra el Gobierno.
El contralor en funciones, Pablo Celi, censuró en un vídeo y en un documento dirigido a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, lo ocurrido, que achaca a «una banda organizada, con la clara intención de sustraer y destruir documentos que sustentan responsabilidades civiles y penales, e investigaciones en marcha».
Celi asegura tener conocimiento de que en el asalto no participaron miembros de la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (Conaie) o de organizaciones sociales, sino «elementos profesionales, expertos en la caotización, la subversión del orden público y la intimidación social».
Agregó que este tipo de acciones de sabotaje contra instituciones del Estado «pondrían en evidencia que en el país está en marcha un proceso conspirativo para atentar y destruir el ordenamiento democrático».
EFE
