Miles de chilenos clamaron este martes por el blindaje y la mejora de derechos básicos, como educación, sanidad o pensiones, en el marco de una masiva huelga general secundada de forma masiva en ciudades de todo el país.
El paro fue convocado por la plataforma Unidad Social, integrada por organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales, después de más de tres semanas de protestas en Chile para exigir el fin de la desigualdad y del modelo neoliberal implantado en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La multitudinaria marcha en la capital del país partió de la icónica Plaza Italia, el epicentro del estallido social, y acabó en el centro histórico de la ciudad, cerca de Palacio de La Moneda, la sede presidencial.
Aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum y bajo el gobierno cívico-militar de Pinochet, la Constitución chilena es concebida como el origen de la gran desigualdad que afecta al país, ya que favoreció la privatización de sectores esenciales como la salud, la educación o las pensiones.
En un nuevo intento por aplacar la mayor crisis social de la historia reciente del país, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera se abrió el domingo a iniciar un proceso constituyente, que ha sido criticado por la oposición y los manifestantes, quienes piden un mecanismo más participativo para escribir una Carta Magna y que no sean únicamente los parlamentarios quienes redacten el nuevo texto.
Las marchas se replicaron desde la mañana en varias ciudades, desde la norteña localidad de Iquique hasta Punta Arenas, en la región de Magallanes.
El centro de Concepción, unos 500 kilómetros al sur de la capital y una de las principales ciudades del país, también fue transitado por miles de personas, así como las principales avenidas de las costeras Valparaíso y Viña del Mar, donde la formación de barricadas interrumpió el tráfico en varios puntos.
En Valparaíso además el Congreso Nacional suspendió todas las sesiones previstas para este martes por motivos de «seguridad y desplazamientos» a petición del presidente de la Cámara Baja, Iván Flores, y el del Senado, Jaime Quintana.
El aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, ubicado en las afueras de Santiago, operó con normalidad y no hubo cancelaciones de vuelos, aunque algunos de sus trabajadores secundaron el paro.
Las protestas en el país se iniciaron el pasado 18 de octubre en respuesta a la subida del precio de pasaje de metro, pero se convirtieron en un clamor popular contra el Gobierno y el desigual modelo económico del país.
Al cumplir este martes 26 días, las movilizaciones han dejado 20 muertos -cinco de ellos a manos de las fuerzas de seguridad- y miles de heridos y detenidos, además de denuncias por abusos policiales y torturas.
EFE/SPLL
