Funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) visitaron este miércoles al Colegio Los Próceres, con el objetivo de revisar las estructuras de costo y verificar el cumplimiento a cabalidad de la resolución 114, emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Educación.
Dicha resolución estipula que todos los aumentos matriculares deben ser acordados a través de una asamblea de padres, madres y representantes, con el fin de respetar y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Ante la inspección, Colegio Los Próceres enfatizó que la resolución 114 se estableció específicamente para el año 2014-2015, como señala el artículo 4, en sus incisos a) y d), lo cual evidencia que fue interpuesta para un año escolar específico y que carece de vigencia.
En el pronunciamiento, la institución explicó que los colegios privados son una ayuda para el Estado, pues garantizan educación de calidad, pagan impuestos a la Nación, y generan fuentes de empleo estables.
Además, señalaron que los colegios privado son comunidades de personas cuyo producto es el servicio educativo, lo cual hace que sea un deber el cumplir con rigurosas exigencias de ambiente limpio, saludable y seguro para esa comunidad, así como contar con un personal docente capacitado para impartir la enseñanza, un equipo directivo con credenciales para hacer el seguimiento y control de ese personal docente, y personal administrativo y obrero.
“Todo esto requiere de una inversión económica para cubrir el costo de sueldos y salarios de ese personal, y la garantía de un ambiente seguro y saludable. Un colegio pequeño emplea de 10 a 12 trabajadores, uno mediano hasta 80 trabajadores, y uno grande de 100 a 150”, cita el comunicado.
Asimismo, la institución explicó que el país tiene una inflación que se ubicó en un 7 mil 374,4% en 2019, de acuerdo a los datos de la Asamblea Nacional, situación que los obliga a ajustar sus tarifas mes a mes porque, de no hacerlo, no pueden garantizar la operatividad, el funcionamiento y la permanencia del colegio, cuando la carga salarial representa un 70% de los costos operativos, y los costos de mantenimiento el 30%.
Sin embargo, en el pronunciamiento aclaran que la realidad es otra, ya que salvo por aumentos salariales decretados por el ejecutivo, cada ajuste de tarifas debe hacerse a través de una Asamblea de Padres, un proceso laborioso debido al quorum requerido.
“La educación es el único servicio del país que se le consulta al cliente”, resaltaron.
Quiebre en la educación primaria y secundaria
En el comunicado, también revelan el incremento de la morosidad de los pagos por servicio educativo por parte de los representantes, el cual representa hasta un 30%, una situación que, aunada a las tarifas no acorde a la inflación, ha tenido como consecuencia que colegios quiebren, y generen un perjuicio a la comunidad a la que pertenecen, ya que los alumnos deben reubicarse y maestros se quedan sin empleo. Dentro de las otras consecuencias destacan la falta de personal docente capacitado, el éxodo de alumnos a otros países, la falta de personal obrero que quiera laborar en escuelas debido a las dificultades de transporte y los bajos sueldos, y la ausencia frecuente de estudiantes y del personal que labora en estas instituciones, debido a problemas con el combustible
Prensa Fedecámaras Bolívar
