El precio del petróleo cayó al nivel más bajo en 18 años, por el declive de la demanda de energía en una economía global golpeada por los esfuerzos para contener la pandemia del coronavirus: millones de trabajadores en cuarentena, fábricas cerradas y mínimo consumo de combustible, en especial, por parte de las líneas aéreas internacionales, las cuales caminan al borde de la quiebra.
Al declive en la cotización del petróleo contribuye la ruptura entre Rusia y Arabia Saudita, que tiene como consecuencia el incremento de la oferta en medio del descenso de la demanda. En este entorno, la cotización del crudo Brent –de referencia en Europa– cayó 13% y se ubicó en 24,88 dólares el barril, el nivel más bajo desde mayo de 2003, y el West Texas Intermediate (WTI) se desplomó 24% hasta 20,37 dólares el barril, su nivel más bajo desde febrero 2002.
La OPEP, bajo el liderazgo de Arabia Saudita, propuso un significativo recorte en la producción para contrarrestar el impacto del coronavirus en grandes consumidores como China y Europa, pero Rusia se negó, a fin de golpear a los productores de esquisto de Estados Unidos, los cuales necesitan precios elevados para obtener beneficios.
Ante la negativa de Rusia, Arabia Saudita inició una guerra de precios, rebajando la cotización del petróleo que coloca en Asia, Europa y Estados Unidos, al mismo tiempo que anunció un próximo incremento de la producción para ganar mercado; operadores en el negocio petrolero consideran que la sobreoferta de barriles podría saturar la capacidad de almacenamiento.
Temblor en Caracas
Las exportaciones de petróleo son vitales para el flujo de caja del gobierno venezolano. El pasado 16 de marzo, el mandatario Nicolás Maduro admitió que al tomar en cuenta “el costo de producción”, las exportaciones petroleras dejaron de reportar beneficios, con el precio del Brent en 28 dólares el barril.
“El petróleo marcador Brent bajó hoy de 33 dólares el barril a 28 dólares el barril, quiere decir que el valor del barril venezolano está por debajo hoy por hoy del precio de producción”, dijo Nicolás Maduro.
El economista Hermes Pérez, quien en el pasado se desempeñó como analista del mercado petrolero en el Banco Central de Venezuela, explica que “la última información oficial por parte de Pdvsa nos dice que en 2016 el costo promedio de producción de todos los tipos de crudo en el país estaba en 23 dólares el barril, y el pasado 17 de marzo, cuando todavía el Brent se cotizaba a 30 dólares, la cesta petrolera venezolana se cotizó en 21,30 dólares el barril, es decir, ya había pérdidas”.
“La caída en el precio de hoy, 18 de marzo, agravó la situación. Estamos en un escenario donde el gobierno no tiene ingresos petroleros”, agrega Hermes Pérez.
Un factor a tomar en cuenta es que el precio final al que el gobierno logra vender el petróleo es menor al de la cesta petrolera, porque las sanciones de Estados Unidos obligan a depender de intermediarios que exigen un importante descuento.
La magnitud del descuento es difícil de precisar porque depende del tipo de crudo, el destino, la cantidad, pero Antero Alvarado, director de Gas Energy, considera que en números gruesos “podría decirse que el precio con descuento puede ser 15 dólares por debajo de la cotización del Brent”.
El declive del precio y el impacto de las sanciones de Estados Unidos se mezcla con el derrumbe de la producción de Pdvsa que, según el reporte de la OPEP, produjo en enero de este año 733 mil barriles diarios, el nivel más bajo desde 1945.
Ecoanalítica estima que con un precio promedio del Brent en 30 dólares durante este año, que luce muy poco probable dado el descenso en la cotización del barril, las cuentas públicas registran un déficit de 6 mil millones de dólares al tomar en cuenta las importaciones de alimentos que realiza el Estado y el pago de la deuda a Rusia y China que el Gobierno intenta mantener al día.
Aumento del gasto
A fin de contener la propagación del coronavirus, el gobierno implementó a partir del lunes 17 de marzo una “cuarentena social y colectiva” que implica suspensión de clases y de todas las actividades laborales, excepto de las cadenas de alimentos y los servicios de salud, seguridad y transporte público.
La paralización de actividades golpea con fuerza a los trabajadores por cuenta propia que dependen de lo que ganan cada día para cubrir las necesidades básicas. También impacta el flujo de caja de las empresas y los comercios que dejan de recibir ingresos mientras que los gastos fijos como pago de sueldos, alquileres y las cuotas de los créditos, se mantienen.
En este entorno, Nicolás Maduro anunció el lunes de esta semana que “estamos estudiando y debemos estar anunciando en las próximas horas, un conjunto de beneficios sociales a través del carnet de la patria, con motivo de la crisis del coronavirus para la familia venezolana”.
Para aumentar el gasto público, muy probablemente el gobierno tendrá que crear dinero, algo que implicará mayor presión inflacionaria y un posible aumento en la cotización del dólar: es decir, aceleración de la inflación en un contexto donde los precios acumulan un salto de 3.276% en los últimos doce meses, según la medición de la Asamblea Nacional.
Hermes Pérez afirma que “no hay otra posibilidad que aceptar una mayor presión inflacionaria y cambiaria; eso es preferible a no hacer nada. La situación no es sostenible. Creo que aparte de las transferencias a la población, hay que pensar en otras medidas como reducir el encaje para que los bancos puedan otorgar financiamiento a las empresas y las personas; exonerar el próximo pago del impuesto sobre la renta y disminuir el IVA”.
Buscar dinero
El economista Francisco Rodríguez, quien dirige una fundación que promueve el intercambio de petróleo por alimentos para Venezuela, escribe en un análisis que “una proporción mayor de la población vive en condiciones de precariedad, con lo cual, en ausencia de una transferencia universal o cuasiuniversal, los incentivos a no obedecer los llamados a cuarentena social serán altos. Además, solo sectores muy reducidos tienen ahorros significativos para permitirles sobreponerse a un período prolongado de reducción de sus actividades económicas”.
Añade que “si partimos del supuesto de una transferencia de 25 dólares mensuales por persona, similar al costo de oportunidad actual para trabajadores no calificados, y dada una población económicamente activa de aproximadamente 15,9 millones de personas, un subsidio universal o cuasiuniversal costaría aproximadamente 400 millones de dólares mensuales”.
Desde su punto de vista es necesario un acuerdo entre gobierno y oposición para permitir que el país reciba financiamiento de organismos multilaterales, pueda emplear utilidades de empresas mixtas en la Faja del Orinoco que no han sido entregadas a Pdvsa por las sanciones de Estados Unidos, y un trato para flexibilizar la prohibición de exportación de petróleo a Estados Unidos.
Nicolás Maduro solicitó al Fondo Monetario Internacional un crédito por 5.000 millones de dólares a fin de mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud y contener los efectos del coronavirus, pero de acuerdo con reportes de agencias de noticias, el organismo no procesó la petición en vista de que no ha decidido si reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Aun sin este obstáculo, el gobierno tenía que superar una serie de dificultades para obtener los recursos: aprobación de la Asamblea Nacional dominada por la oposición, contar con políticas económicas generales para superar la crisis de balanza de pagos, compromiso de no introducir o intensificar las restricciones comerciales y cambiarias, someterse a una evaluación de salvaguardas, y entregar una auditoría externa a los balances del Banco Central.
En el corto plazo, el entorno podría endurecerse: Goldman Sachs afirma, en un reporte enviado a sus clientes, que en el segundo trimestre del año, el precio promedio del petróleo Brent podría descender hasta 20 dólares el barril, y el sector privado venezolano enfrenta esta coyuntura muy debilitado, tras seis años consecutivos de recesión.
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