El Congreso español aprobará próximamente, a propuesta del Gobierno, un plan especial de normas de higiene y prevención sociosociosanitarias que regirán en el país desde que termine el estado de alarma, el 21 de junio, cuando se levantarán las restricciones de circulación y será posible viajar libremente por todo el país.
Aunque las fronteras permanecerán aún cerradas al turismo internacional hasta el 1 de julio, la reapertura y la libertad de desplazamientos permitirán salvar parte de la importante campaña veraniega.
El archipiélago mediterráneo de Baleares aplicará un plan piloto para reanudar el turismo extranjero en España en la segunda quincena de junio, que permitirá la llegada escalonada y con medidas de seguridad de un máximo de 10.900 viajeros desde Alemania.
Tras el estado de alarma, decretado el 14 de marzo para contener el contagio de coronavirus, el país entrará en la llamada por el Ejecutivo «nueva normalidad», mientras dure la crisis sanitaria, hasta que haya una terapia o una vacuna eficaces, dijo el martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Por eso, según el Gobierno, las medidas tratan de prevenir cualquier rebrote, una vez que la expansión de la enfermedad está controlada prácticamente y España recobra gradualmente la actividad socioeconómica.
El Ministerio de Sanidad no reportó ningún fallecido tampoco ayer, así que el número oficial total de defunciones sigue en 27.136, con 84 contagios en las 24 horas anteriores y 241.966 diagnosticados por pruebas PCR hasta el momento.
El Parlamento ratificará previsiblemente el plan gubernamental, aunque el Ejecutivo, formado por una coalición entre el Partido Socialista y el izquierdista Podemos, tuvo que negociar, una vez más, con pequeñas fuerzas políticas porque se encuentra en minoría parlamentaria.
Mientras tanto, el Congreso aprobará hoy el nuevo ingreso mínimo vital (IMV), una renta de entre 461 y 1.015 euros mensuales que el Estado abonará a las familias más necesitadas.
En la nueva etapa tras la epidemia, se consolidará el uso obligatorio de la mascarilla en todo lugar público, al aire libre o cubierto, donde no sea posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre personas para prevenir el contagio. El incumplimento será sancionado con hasta 100 euros.
Como fundamentos del plan gubernamental destacan la detección precoz de casos por pruebas PCR y asegurar la coordinación y los refuerzos sanitarios necesarios humanos y materiales de vigilancia epidémica y de atención hospitalaria y en cuidados intensivos.
Mención especial se hace de las residencias de ancianos, uno de los focos más importantes de infecciones y muertes durante la epidemia en España. Deberán tener preparados planes de contingencia para posibles rebrotes y coordinarse con los recursos sanitarios.
EFE
