El fiscal general, Tarek William Saab, presentó un informe de los organismos y organizaciones de derechos humanos del país que fue realizado «en el terreno» y que será entregado al presidente, Nicolás Maduro.
En compañía del canciller, Jorge Arreaza y los titulares de los Poderes Públicos, Saab dijo que los organismos internacionales no pueden sustituir a las instituciones de cada nación, y que son de carácter subsidiario y complementario.
«Este informe era necesario en este momento» y reiteró que está basado en acciones judiciales, imputaciones y sentencias en contra de violadores de derechos humanos. «Contra ellos todo el peso de la ley».
Nuevamente el máximo representante del Ministerio Público cuestionó el informe de la misión independiente de determinación de los hechos de la ONU que, según Saab, busca dinamitar el trabajo que realiza la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet en el país.
«Mientras está aqui la oficina de la Alta Comisionada de pronto aparece esta comisión ad hoc pagada por el Grupo de Lima».
Por su parte, el canciller Jorge Arreaza, criticó el uso como arma política del tema de los derechos humanos.
Dijo que las protestas de 2014 y 2017 tenían carácter insurreccional que pretendían tomar el poder por la fuerza.
Dijo que el informe que hoy presentan ante el presidente, Nicolás Maduro, y al representante de la ONU en Venezuela, tiene más de cien páginas y ha sido un trabajo riguroso y profesional de los organismos venezolanos.
El ministro de Relaciones Exteriores reiteró que contra la República ha habido «un golpe de Estado continuado» impulsado por Estados Unidos y otros países «cartelizados».
«Es un ataque multiforme y multidimensional», agregó.
Arreaza dijo que el informe de la misión de la ONU que fue presentado hoy en Ginebra carece de rigor y que Venezuela no le puede dar validez.
«El 85 por ciento de las fuentes que utilizó esta misión son secundarias, no son los testigos, ni los familiares, sino redes sociales, medios informativos digitales y apenas el 15 por ciento es información válida».
Arreaza respondió a lo dicho por la misión de que no se les permitió el ingreso al país: «no es así, desde el momento que se aprobó la resolución ya nuestro embajador Valero le dijo que estábamos trabajando con la oficina de Bachelet».
Ratificó que el gobierno seguirá trabajando con la oficina de Bachelet.
Saab dijo que la misión de la ONU no envió solicitudes al Ministerio Público sobre los casos investigados, «ni por formalidad».
Cifras
Saab mostró cifras plasmadas en el informe que han elaborado y que fue presentado desde la Fiscalía: imputaciones a 603 funcionarios de seguridad del Estado y 35 civiles implicados como colaboradores, para un total de 638 imputados por violaciones a los derechos humanos.
452 funcionarios aprehendidos de distintos organismos y 24 particulares, para un total de 476 privados de libertad.
811 funcionarios acusados y 129 civiles para un total de 940 acusados.
Ya fueron sancionados 127 funcionarios más 13 civiles, para un total de 140.
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