La Conferencia Episcopal Venezolana expresó su pesar ante lo acontecido respecto a los 19 migrantes venezolanos encontrados sin vida en las costas del estado Sucre, quienes fallecieron ahogados tras intentar huir del país hacía Trinidad y Tobago y no pudieron llegar por haber sido devueltas por las autoridades de la isla caribeña.
A través de un comunicado señalaron que es necesario “llamar la atención respecto de situaciones que constituyen graves violaciones a los derechos humanos de la población migrante venezolana que busca llegar a territorio de la isla de Trinidad desde el estado Sucre”.
En el escrito, expresaron que tanto la República Bolivariana de Venezuela como la República de Trinidad y Tobago están obligadas a «respetar íntegramente y sin discriminación de ningún tipo todos los derechos humanos de las personas migrantes, específicamente todos los deberes de prevención, investigación, sanción a los responsables, reparación integral de las violaciones a los derechos humanos y no discriminación».
La iglesia católica exige que se realice una investigación de los hechos se conduzca «conforme a protocolos internacionales y con pleno respeto a los derechos que asisten a los familiares en su condición de víctimas; esta investigación no debe ser de carácter meramente formal, sino que debe conducir al establecimiento completo de los hechos, y a actos conclusivos que conduzcan al establecimiento de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a las que haya lugar».
Sostienen en el comunicado que la conducta de las autoridades de la República de Trinidad y Tobago es inaceptable por incurrir en una transgresión del deber de no devolución, en virtud del cual, en palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “una persona no puede ser rechazada en la frontera o expulsada de otro país sin un análisis adecuado e individualizado de su petición.
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