Erigida entre masivas protestas y rechazada por la comunidad internacional, la todopoderosa Asamblea Constituyente llega a su fin asegurando haber dejado Venezuela en «paz» aunque, según expertos, a costa de anular al Parlamento opositor e ignorando su principal función: redactar una nueva Constitución.
El órgano, que rige el país con poderes absolutos, sesionará por última vez este viernes para poner fin a una gestión de tres años en la que cumplió la «tarea encomendada» de entregar «un país en paz», adelantó el martes su presidente Diosdado Cabello, número dos del chavismo.
Pero en una crisis política que solo ha escalado desde la cuestionada formación de la Constituyente en 2017, analistas aseguran que no trajo tal paz, sino una arremetida contra el Parlamento de mayoría opositora.
– «Anular» al Parlamento –
Convocada por el presidente Nicolás Maduro entre multitudinarias protestas que dejaron más de un centenar de muertos, la Constituyente fue elegida el 30 de julio de 2017.
Desde entonces se centró en «anular materialmente lo que hacía la Asamblea Nacional», controlada por la oposición desde 2015, explicó a la AFP el abogado Alí Daniels.
Lo hizo de la mano del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también de línea oficialista, que ya había declarado en desacato al Parlamento electo en 2015 de mayoría opositora, dejando todas sus decisiones sin efecto, destacó Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.
Y la Constituyente, conformada en su totalidad por chavistas, tomó de facto las atribuciones del Legislativo.
«Se quitó de encima un poder que no era favorable» al presidente Nicolás Maduro, subrayó el abogado constitucionalista Carlos Guevara.
El ente plenipotenciario promulgó 98 decretos, 84 acuerdos, 14 leyes constitucionales y 40 «actos de otra naturaleza», dijo Cabello en su alocución.
La oposición, que no participó del proceso que la conformó, tilda de «ilegal» a la Constituyente, así como todas sus decisiones
– Instrumento de persecución –
El órgano, añadió Daniels, «fue un instrumento más de persecución» contra la disidencia.
Inició sus funciones con mano de hierro al destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, e imponer a Tarek William Saab como su sustituto en la primera sesión, que se instaló en medio de cuestionamientos de Washington y la Unión Europea.
La Constituyente sesionó en el salón elíptico frente al hemiciclo donde realiza sus debates el Parlamento.
Desde allí, a pocos metros de distancia, levantó la inmunidad de más de 20 diputados opositores, acusándolos de delitos como «traición a la patria» y «rebelión» por llamar a protestas o ser vinculados con el fallido alzamiento militar contra Maduro en abril de 2019.
«Jamás me imaginé (…) que me iban a pretender sacar del camino», confesó la diputada opositora Mariela Magallanes en una llamada desde Italia, donde se refugió después de que la Constituyente la acusara de atentar contra Maduro.
Como ella, muchos están exiliados en la actualidad tras refugiarse en sedes diplomáticas, y otros presos, como el legislador Juan Requesens, que cumple arresto domiciliario.
Sus acciones, consideradas por la oposición como inconstitucionales, salpicaron al jefe parlamentario Juan Guaidó, que reclamó en 2019 la presidencia encargada con respaldo de medio centenar de países liderados por Estados Unidos.
La Constituyente le retiró el fuero a Guaidó por «usurpar» las funciones de Maduro, pero hasta ahora sigue en libertad.
– ¿Y la Constitución? –
Por ley, este «suprapoder» tenía la función de reescribir la Carta Magna de 1999, pero eso «nunca estuvo en el panorama», destacó Daniels, explicando que nunca se abordó el tema en los tres años de gestión.
La legitimidad de la Constituyente fue cuestionada desde un inicio porque Maduro la convocó sin referendo previo, a diferencia de su mentor político, el fallecido presidente Hugo Chávez, con el proceso que llevó a la Constitución de 1999.
Maduro prometió someter a consulta popular el nuevo texto, de momento inexistente.
Además después de la elección, la empresa Smartmatic, que brindó soporte tecnológico a los comicios, denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado también de favorecer a Maduro, infló la participación en al menos 1 millón, a 8 millones de votos.
Esto «hizo un daño irreparable a la institucionalidad», dijo Guevara.
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