La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional de Argentina (Correpi) reveló que durante el primer año de gobierno de Alberto Fernández las fuerzas de Seguridad asesinaron a 411 personas, lo que representa una leve disminución con respecto a la gestión de Mauricio Macri, que alcanzó los peores indicadores de violencia por parte del Estado desde el retorno de la democracia.
‘Archivo 2020. Las necesidades del pueblo son esenciales. ¡La represión no!’, es el título del exhaustivo informe en el que Correpi analizó el impacto de las medidas que se tomaron para paliar la pandemia del coronavirus.
El documento precisó que, de los 411 casos reportados, 348 ocurrieron después del inicio de la cuarentena, lo que demuestra la persistencia de prácticas represivas que no han logrado ser desterradas sin importar el gobierno del que se trate y que se acentuaron con el pretexto del cumplimiento de la cuarentena que se impuso de manera obligatoria.
Correpi aclaró que, precisamente por las restricciones de movilidad, la compilación anual está incompleta porque no han podido acudir a los juzgados para checar los expedientes judiciales, ni visitar a las familias de las víctimas.
También recordó que algunas medidas iniciales tomadas por el gobierno de Fernández en relación a las fuerzas de seguridad federales permitieron imaginar un descenso «del altísimo voltaje represivo» del macrismo, que dejó un legado de un asesinato cada 18 horas por parte de algún miembro de las fuerzas de Seguridad.
«En el mismo sentido, al inicio del aislamiento, supusimos que habría un descenso marcado de las muertes por fusilamientos de gatillo fácil en las calles, por cierto no por falta de balas policiales, sino por la escasez de blancos, dada la marcada disminución de la circulación de personas», señaló.
«Se produjeron tres desapariciones forzadas de personas, luego encontradas muertas, con responsabilidad policial, durante la cuarentena»
Sin embargo, agregó, los datos demuestran que estas premisas eran erróneas porque, aun con menos personas en las calles, y sin varios de los violentos protocolos establecidos por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, no desapareció el «gatillo fácil», es decir, el añejo uso y abuso de las armas de fuego por parte de policías contra civiles.
Efecto Covid
«No menos importante, el nivel de impunidad garantizada oficialmente a sus autores no se modificó de manera significativa. Se produjeron tres desapariciones forzadas de personas, luego encontradas muertas, con responsabilidad policial, durante la cuarentena», advirtió el organismo.
Otra de las consecuencias más gravosas de la pandemia en relación a la cuestión represiva, agregó, fue el incremento notable de muertes en lugares de detención, ya que la mitad de las víctimas de este año fueron asesinadas mientras estaban presas en cárceles, comisarías u otros lugares de encierro.
Señaló que los datos contrastan con las expectativas generadas en el inicio de la gestión encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en materia de política represiva, ya que en su discurso inaugural el presidente llamó a escapar al «gatillo fácil» y a la lógica de la muerte por la espalda, lo que representó un giro con respecto a su antecesor.
Además hubo algunas medidas auspiciosas por parte del Ministerio de Seguridad, como la derogación de varios de los protocolos de actuación para las fuerzas de Seguridad.
Pero también se presentaron contradicciones, en particular la designación de Sergio Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, cultor de la «mano dura» y más parecido al macrismo que al peronismo en materia de seguridad; más el anuncio del Comando Unificado de fuerzas federales y provinciales y la resolución nacional que puso en manos de las fuerzas federales la implementación del ciberpatrullaje.
Ya durante la pandemia, precisó, el escenario optimista comenzó a cambiar y las medidas adoptadas durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio se mostraron insuficientes, con lo que el aspecto represivo cobró relevancia.
«El resultado fue un incremento exponencial de detenciones arbitrarias, con su natural correlato de aplicación de tormentos y muertes en comisarías, seguido por un importante número de fusilamientos de gatillo fácil en las calles», denunció.
La historia
Correpi comenzó a recopilar los datos de violencia institucional en 1996. Desde entonces presenta un informe anual que denuncia la persistencia de prácticas como fusilamientos, desapariciones seguidas de muerte y torturas que las fuerzas de Seguridad arrastran desde épocas de la dictadura.
De esta manera, desde 1983, año en el que se recuperó la democracia, hasta ahora, ha logrado compilar 7.587 casos. El año récord fue 2018, el penúltimo del gobierno macrista, con 505 muertes en manos de elementos de cuerpos de Seguridad.
Los servicios penitenciarios, tanto a nivel federal como provinciales, representan el 57,66 % de los casos represivos compilados
Si se desglosa la totalidad de casos registrados desde diciembre de 1983 por fuerza responsable, resulta que las policías provinciales en conjunto ocupan el primer lugar, con el 46,63 %, seguidas por los servicios penitenciarios federal y provinciales con el 38,54 %, y ya más lejos, la Policía Federal con el 8,01 %.
Gracias a los cambios promovidos al principio del gobierno de Fernández, en 2020, a diferencia de los años previos, no hubo casos de responsabilidad de Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, en tanto que la incidencia de la Policía Federal bajó de un 8 % a poco más del 5 % y la de Gendarmería Nacional, de 1,44 % a 0,73 %.
El dato más preocupante es que los servicios penitenciarios, tanto a nivel federal como provinciales, representan el 57,66 % de los casos represivos compilados, cuando en el acumulado total desde 1983 no llegaban al 40 %.
«La primera y muy evidente conclusión, como se ratifica en el gráfico que sigue sobre modalidades, es que durante 2020 –muy especialmente durante la pandemia- hubo un crecimiento exponencial de muertes bajo custodia, especialmente en cárceles provinciales y federales. De hecho, es la primera vez en décadas que debemos contabilizar cuatro muertes en unidades penitenciarias causadas por disparos de arma de fuego de integrantes del servicio contra personas presas desarmadas», acusó Correpi.
A ello se le suma el hecho de que la tasa de mortalidad por contagios de covid-19 en los penales casi triplica la extra muros, además de contabilizarse una elevada cantidad de otras muertes en contexto de protestas, así como por incendios, ahorcamientos y enfermedades no asistidas.
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