El BID, en su documento, hace referencia a las críticas que se han hecho hacia las sanciones contra Venezuela, las cuales indican una afectación directa a la población y poco efectivas para forzar un cambio político. Sostiene que existe consenso en torno al hecho de que las sanciones han de estar debidamente focalizadas para imponer las mínimas dificultades a la población del país receptor.
«Ésta ha sido la visión adoptada en el caso de Venezuela. Aunque desde 2017 las sanciones impuestas han pasado de ser individual para transitar gradualmente a sanciones sectoriales, éstas últimas no han acogido la forma de sanciones integrales o generalizadas. De hecho, si bien la comunidad internacional ha impuesto más de 542 sanciones, los marcos normativos que regulan los regímenes sancionatorios de cada país emisor contemplan con meridiana claridad un conjunto de excepciones que incluyen la exención de sanciones para transacciones relacionadas con necesidades básicas de la población y con bienes y servicios de carácter humanitario».
Al analizar el escenario de una futura Venezuela sin sanciones, el BID plantea que se debe tomar especialmente en cuenta que el extenso récord de las personas y entidades públicas sancionadas perdurará en los registros del sector financiero internacional por períodos que pueden superar con creces la fecha de levantamiento de las sanciones.
«Ante la urgente necesidad que se estima tendrá Venezuela de acceder a los mercados internacionales para procurar mecanismos de financiamiento, se vuelve una prioridad construir las capacidades y la institucionalidad requerida para reestablecer las relaciones de confianza», indicó el organismo.
El banco resalta que la acción ha sido liderada desde 2014 hasta ahora por Estados Unidos con 300 designaciones, seguida por Canadá con 113, la Unión Europea con 93 y Suiza con 36, y las cuales incluyen sanciones comerciales, financieras y de movilidad personal. Originalmente fueron dirigidas de forma individual a personas relacionadas con «el régimen gobernante» tanto naturales como jurídicas, públicas y privadas, evolucionado gradualmente desde 2017 a sanciones sectoriales.
Hasta ahora, las sanciones más robustas han sido las impuestas por el gobierno de EEUU a través de su denominado Programa de Sanciones Relacionadas con Venezuela. En concreto, el gobierno norteamericano ha realizado más de 300 designaciones a su programa de sanciones de personas físicas y jurídicas en Venezuela a través de Ordenes Ejecutivas y de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act), que han involucrado a la fecha a 119 individuos y 47 entidades.
De acuerdo con el diario Tal Cual, el BID suspendió en mayo de 2018, la entrega de préstamos a la administración de Nicolás Maduro por caer en mora por una deuda de más 2.011 millones de dólares en recursos que ha otorgado el organismo multilateral al país. Por otra parte, en septiembre de este año, presentó un plan para rescatar a Venezuela cuando haya un cambio político. La iniciativa contempla mejoras e inversiones de salud, educación, infraestructura, y los servicios de electricidad, agua y transporte. Mientras que su foco estará puesto en las transferencias directas a la población y para ello prevé disponer unos 8.000 millones de dólares.
Para el BID, las sanciones individuales o selectivas, así como las sectoriales y no generales, han sido la constante en todas las decisiones tomadas por los países hacia Venezuela, por lo que esta medida ha contribuido a que el impacto sea mucho menor para la población.
El BID reseña que Estados Unidos fue el primer país en imponer sanciones relacionadas con Venezuela, a partir de 2014, cuando bajo la administración del entonces presidente Barack Obama, el Congreso aprobó la denominada Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela, la cual, le permitió imponer sanciones a las fuerzas de seguridad venezolanas que reprimieron las protestas estudiantiles de ese año.
Posteriormente, la administración de Donald Trump impuso seis ordenes ejecutivas adicionales, concretamente entre el 24 de agosto de 2017 y el 5 de agosto de 2019.
«Las sanciones de Estados Unidos relacionadas con Venezuela se vienen dictando sostenidamente desde hace varios años, y se han intensificado desde 2017, momento desde el cual no solo se han dictado más órdenes ejecutivas, sino que también ha tenido lugar una transición gradual de las sanciones individuales a las sectoriales», resalta el BID en su documento.
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