En España, la autorización de exportaciones de armas en el primer semestre de 2020 alcanzó los 22.544,8 millones de euros, de largo, la más alta de los últimos diez años. La industria es uno de sus principales puntales económicos y nada ha cambiado con el gobierno de coalición entre el PSOE y la izquierda.
España se ha convertido en este periodo en una potencia en el sector de la defensa, hasta situarse en el séptimo puesto mundial. Venden armas a sus socios europeos y de la OTAN, pero también a los que consideran aliados estratégicos, algunos extraordinariamente incómodos.A la espera de conocer el informe completo de 2020, la cifra exige algunos matices. Las autorizaciones no son necesariamente ventas realizadas, sino el trámite previo. Las transacciones completadas en los primeros seis meses del año –venta y exportación– de material de guerra suman 1.189,7 millones de euros, un 5% de lo que se ha autorizado. Se trata de una cifra baja que, según reconoce el informe, está condicionada por la crisis de la Covid-19.
No obstante, lo cierto es que las autorizaciones del primer semestre apuntan a un incremento extraordinario, producto, en su gran mayoría de programas de armamento compartidos con los socios europeos.
Vulnerables en el mercado global
Alemania, Francia, Gran Bretaña y Bélgica acaparan 19.000 millones de los 22.000 ya aprobados. Estos programas están esencialmente vinculados al proyecto Eurofighter y al avión de transporte A400M, esto es, a Airbus.
Pero lo cierto es que el gobierno de coalición español parece decidido a sostener e incluso reforzar el apoyo del Estado a la industria de defensa. En plena crisis de la pandemia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunió en julio pasado con el presidente de Airbus, Guillaume Faury. España se comprometió a seguir comprando material de guerra al consorcio europeo del que forma parte. En la lista: cuatro aviones, 36 helicópteros y el compromiso de financiación para otros programas.
Faury había advertido que el desplome del sector, debido a la Covid-19, podía obligar a hacer severos ajustes en la plantilla de Airbus en España, con factorías en Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía.
Algo parecido ocurrió con la compra de los carros blindados VCR 8×8, un programa largamente esperado por el Ejército de Tierra que quedó desbloqueado en agosto. El acuerdo por el que se adquirirán 384 carros pone a salvo puestos de trabajo en las cuatro compañías que construirán este vehículo, Santa Bárbara, Escribano, Sapa e Indra, pero en especial a la primera de ellas, una de las grandes proveedoras del ejército y también uno de los principales enlaces con el complejo industrial militar norteamericano General Dynamics.
Ambas iniciativas del Gobierno tienen que ver también con la advertencia cursada desde Bruselas para que los países de la Unión traten de blindar a sus empresas estratégicas ante el temor de que las pérdidas generadas por la crisis conviertan a estas compañías en una presa fácil.
Este sector se ha convertido en un campo de batalla para los poderes regionales. La industria de defensa española, a la que se atribuye el 7,8% del PIB industrial español, es un asunto relevante para cinco comunidades: Madrid, Andalucía, Castilla- la Mancha, Galicia y el País Vasco.
Catalunya, a pesar de ser una región con un considerable peso industrial, carece de una impronta en este sector, al menos no en el sector de defensa. Otra cosa son los productos de doble uso, civil y militar.
Pero la verdadera capital de la industria militar es Madrid, con más del 65% de las empresas con sede fiscal en aquella comunidad.
Empleo
Le siguen, por este orden, Andalucía, que dispone de plantas de ensamblaje de aeronaves de Airbus y los astilleros de Navantia; el País Vasco, con una importante tradición en la industria del armamento, que obliga al gobierno autonómico a jugar con las dos piernas, defendiendo al sector a la vez que trata de calmar al inquieto movimiento pacifista vasco; y Galicia, que también tiene astilleros de Navantia. Se estima que el sector da trabajo a 150.000 personas.
La pugna que libra Europa en estos momentos, y en la que está comprometida la propia Comisión, es en conseguir que esas cadenas de empresas sobrevivan en los países de la Unión. Pero para ello deberá compensar con sus recursos las presiones del mercado. La OTAN se desdibuja en esa estrategia.
Desde hace algunos años, la Unión está empezando a destinar recursos públicos. Los fondos de resiliencia por Covid no serán ajenos a este propósito.
La proposición de la diputada Cantera fue aprobada en la comisión de Defensa pese a la oposición del socio de gobierno, Podemos. El diputado del partido de Pablo Iglesias en la comisión, Roberto Uriarte, mantiene una leal pero hostil oposición. Sin embargo, da la impresión de que Podemos no quiere abrir ese flanco, o al menos no airearlo, y que el PSOE acepta ese papel crítico.
Otro frente en desacuerdo
Podemos juega un papel discretamente hostil hacia las política de armamento de su propio gobierno
El organismo que tutela y emite las autorizaciones para la venta de armas es la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso y está integrada por representantes de los ministerios de Economía, Exteriores, Defensa, Hacienda e Interior: ninguno de ellos en manos de Podemos. A día de hoy, las actas de la Junta siguen siendo materia reservada.
Pese a la supuesta comodidad de los socios del gobierno no deja de resultar llamativo que un ejecutivo que se califica de progresista se mantenga en lo alto del ranking como exportador de armas mundial, incluidos algunos de los incómodos socios estratégicos como Arabia Saudí.
Zona de conflicto
La venta de armas a Arabia Saudita, en plena guerra en Yemen, es uno de los lados controvertidos de la industria de defensa
La monarquía saudita sigue siendo, de largo, uno de los principales compradores de armamento fabricado en España, según denuncian organizaciones como la mencionada y acreditan los datos que periódicamente publica el Gobierno. En el primer semestre de 2020 es el segundo país ajeno a la OTAN al que se vendió más armamento, con una factura de 32 millones de euros.
Es armamento que con mucha probablidad se está utilizando en la guerra contra Yemen contra la población civil. Hay países europeos que se niegan a colaborar militarmente con Arabia Saudí. Alemania, por ejemplo, ha bloqueado la venta de aviones europeos a aquel país.
El pasado mes de abril el Gobierno español aprobó un nuevo reglamento para la exportación de armas que en determinados países y en determinadas circunstancias le permitiría verificar al final del recorrido de las armas vendidas que no se han utilizado con un propósito incompatible con los principios del Gobierno español.
Sin embargo, los observadores consideran que esas garantías son incumplibles. “Porque para ello –explica Calvo– se debería disponer de unos equipos de verificación sobre el terreno que nadie tiene. Ni tan siquiera Estados Unidos, que cuenta con una cláusula similar, consigue aplicarla”.
LaVanguardia
