Joe Biden ordenó al Departamento de Justicia que no renueve los contratos con cárceles privadas, unas instituciones con fines de lucro que tienen una historia sombría en EE.UU.
«Este es el primer paso para evitar que las corporaciones se beneficien de un encarcelamiento que es menos humano y menos seguro, como muestran los estudios. Este es solo el comienzo del plan de mi Administración para abordar los problemas sistémicos en nuestro sistema de justicia penal», dijo el presidente estadounidense antes de firmar la orden ejecutiva este martes.
Barack Obama planeó una eliminación gradual de los contratos federales con prisiones privadas en 2016, una medida que fue anulada un año después por el primer fiscal general de Donald Trump, Jeff Sessions.
Los correccionales privados han sido acusados de incentivar el encarcelamiento presionando al Gobierno para que imponga penas más severas. Human Rights Watch ha encontrado condiciones deficientes en estas instalaciones, en particular las que albergan a inmigrantes ilegales detenidos.
La orden de Biden fue parte de una serie de ordenes ejecutivas emitidas este martes para «promover la equidad racial», un término utilizado tanto por Biden como por la vicepresidenta Kamala Harris durante la campaña.
Una de estas órdenes subraya el compromiso del Gobierno con la soberanía tribal de los nativos americanos y otra «condena el racismo, la xenofobia y la intolerancia contra los estadounidenses de origen asiático y los isleños del Pacífico en EE.UU.». Mientras tanto, la cuarta orden solicita al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano que «corrija la historia de prácticas y políticas de vivienda discriminatorias de la nación y del Gobierno federal».
Los decretos del martes elevan a 40 el número de órdenes ejecutivas firmadas por el demócrata desde que asumió el cargo la semana pasada.
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