El régimen de Nicolás Maduro, por medio de su Cancillería, condenó las “opiniones sesgadas” y las “muestras de injerencia” presentes en un informe presentado este jueves por un grupo de expertos independientes en Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que acusa al régimen de “criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil”.
En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades oficialistas rechazaron categóricamente el informe presentado por “este grupo de delatores”, quienes evidencian, afirmó la Cancillería, “un profundo desconocimiento del ordenamiento jurídico venezolano”.
En su informe, este grupo de expertos en Derechos Humanos hizo eco de la reciente liberación de cinco miembros de la ONG Azul Positivo, cuyas detenciones y acusaciones, aseguran, “forman parte de un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela”.
Sin embargo, la Cancillería madurista explicó que con estas declaraciones, el grupo de DD HH incurre en una “tergiversación evidente”, puesto que tras las investigaciones pertinentes, las autoridades judiciales venezolanas detectaron que esta ONG había realizado una “transferencia de recursos en divisas extranjeras a individuos en una modalidad financiera no autorizada” bajo la legislación del país.
“Como en todo proceso judicial que se desarrolla en Venezuela, los integrantes de esta ONG implicados en este caso, cuentan con la plena garantía del debido proceso y derecho a la defensa”, remarca el comunicado.
Por ello, el régimen de Maduro acusó a este grupo de relatores de intentar “manipular a la opinión pública internacional” con declaraciones sacadas de contexto y cargadas de injerencia, así como “enturbiar su cooperación con Naciones Unidas, que en nada contribuyen al fortalecimiento de la acción humanitaria en Venezuela”.
El Nacional
