Sheila González, quien dejó su natal Maracaibo para buscar oportunidades fuera del país, considera fabuloso el estatuto para los migrantes venezolanos anunciado por Colombia con el cual espera dar un salto en sus condiciones de vida en el país vecino.
Sin embargo, la incertidumbre marca el camino de la implementación del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos en las zonas fronterizas de Colombia, donde muchas personas que están irregulares sueñan con normalizar su situación para acceder a servicios básicos como salud y educación.
En Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, viven 96.133 de los más de 1,7 millones de migrantes de ese país que se han establecido en Colombia.
Parte de los venezolanos llegados a Cúcuta subsisten trabajando en lo que pueden y otros, que no tienen documentos, engrosan la informalidad en Norte de Santander, que llega a 72,9%.
El Estatuto es una carta de derechos que beneficiará a unos 2 millones de migrantes venezolanos, regulares o irregulares, para dar soluciones de largo plazo a sus necesidades y sacar del limbo legal a aquellos que ya están establecidos en el país, incluso con hijos nacidos en territorio colombiano.
La medida, que tendrá una vigencia de 10 años, da a los venezolanos la posibilidad de hacer su vida en Colombia, de trabajar, desplazarse en el territorio y la inclusión en el sistema de seguridad social, la inclusión en salud, la educación y la inclusión financiera.
Para González, que trabaja como vendedora en Cúcuta, el beneficio que ofrecerá el estatuto radica en que muchos de sus compatriotas podrán trabajar legalmente y “producir para Colombia”.
Con ella coincide Anyer Yoseli Crespo Parra, quien salió caminando de la localidad venezolana de San Cristóbal, cercana a la frontera, y que se dirige hacia Cali (suroeste), a unos mil kilómetros de su casa, para trabajar como cocinera y ayudar a su familia, empobrecida por la crisis que vive el país.
El Nacional
