Profesores, estudiantes, centros universitarios, organizaciones y miembros en general de la comunidad universitaria en Venezuela rechazaron el pago del salario a través del Sistema Patria.
Mediante un comunicado publicado por Aula Abierta, los miembros universitarios rechazaron la imposición del régimen de Maduro de incluir el pago de los salarios del personal de las universidades públicas en el Sistema Patria.
“Los centros universitarios de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la comunidad universitaria que suscriben el presente comunicado rechazan la imposición del Sistema Patria para el pago del personal universitario. La acción constituye un nuevo episodio de la política de Estado dirigida a vulnerar la autonomía universitaria y la libertad académica en Venezuela”, señalaron en el texto.
La organización Aula Abierta especificó además en su página oficial que todavía los rectores de las casas de estudios superior no han recibido un comunicado oficial. Sin embargo, varios miembros de las universidades hablaron sobre la medida y ratificaron que dicha acción vulnera lo establecido en el artículo 102 de la Constitución. El artículo exige el respeto a todas las corrientes de pensamientos, como un pilar fundamental del ejercicio a la libertad académica.
Además, señalaron que ejecutar los pagos salariales a través de un sistema que se ha calificado como un mecanismo de control excluyente, vulnera la autonomía financiera de las universidades. También con la medida se estaría violando la posibilidad de monitorear a los empleados y garantizarles sus derechos laborales.
Una nueva violación de los derechos humanos
El pasado 6 de marzo se conoció que a partir de la primera quincena de este mes los pagos de sueldos de todo el personal de la universidad y sus entes adscritos se realizará mediante el Sistema Patria.
Asimismo, se hizo público que ahora se requerirá a las Universidades públicas remitir a OPSU las listas de las nóminas del personal. Las casas de estudio debían enviar el archivo a un correo electrónico de dicho organismo el día lunes 8 de marzo 2021, a fines de garantizar el procesamiento de los pagos.
Por su parte, Jessy Divo, rectora de la Universidad de Carabobo, rechazó este martes la decisión del régimen y aseguró que no le enviarán la data de sus nóminas por violar la autonomía universitaria.
Y añadió: “De igual manera, la supuesta decisión carece de cualquier elemento de legalidad. La forma en la que se da a conocer la orden no cumple con los requisitos para la exteriorización de los actos administrativos, formas normales de la administración pública, contenidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Tampoco cumple con los requisitos para su ejecución, lo cual de acuerdo con la misma ley debe hacerse mediante acto de notificación formal”.
En el texto también señalaron la preocupación de los universitarios en torno al Sistema Patria, el cual sugiere afiliación política e ideológica con el régimen. “Esto permite inferir su utilización como un mecanismo de control social similar al carnet de la patria y que se extiende al sistema educativo universitario”, explicaron.
La imposición de este sistema implicaría también otros riesgos para los derechos humanos de los universitarios, según los firmantes del comunicado. A su juicio, bajo esta nueva modalidad, las universidades perderían la posibilidad de monitorear directamente y garantizar los derechos laborales de los profesores.
“El gobierno sería el encargado último de gestionar el pago de los profesores a través de la plataforma, sin que las universidades puedan controlar que efectivamente los beneficios laborales y el monto del salario se cancelen”, afirmaron.
Y concluyen: “Los actores que suscribimos el presente comunicado rechazamos la posible imposición del Sistema Patria. Esto es una nueva violación a la autonomía universitaria, la libertad académica y otros derechos humanos de los universitarios en Venezuela. En consecuencia, exigimos al gobierno nacional el cese de estas prácticas y exhortamos a los órganos internacionales de protección de derechos humanos a pronunciarse en rechazo de esta amenaza”.
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